El pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional española desestimó, por unanimidad, el recurso de súplica presentado por el empresario Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), agotando con ello todos los recursos legales que tenía para evitar su extradición a México, donde la justicia le reclama para responder por delitos derivados de la compra-venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex.
La orden de extradición que México presentó ante la Audiencia Nacional es por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude y malversación de caudales públicos.
En un auto de 15 páginas, los jueces españoles rechazan que Ancira sufra “persecución política” y consideran que los delitos de corrupción por los que se le persigue son también punibles en España.
El presidente de Altos Hornos de México fue detenido el 28 de mayo de 2019 en Palma de Mallorca, España, y está vinculado a la trama de corrupción por la que está procesado también el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya.
Entre junio y noviembre de 2012, Altos Hornos realizó cuatro transferencias por 3.4 millones de dólares a Tochos Holding Limited, empresa vinculada a Emilio Lozoya a través de su hermana Gilda Susana.
Posteriormente, el 14 de noviembre de 2012, Lozoya compra una vivienda en la zona residencial Loma de Bezares por un importe de 38.175 millones de dólares, recibiendo Tochos otras dos transferencias procedentes de Altos Hornos de medio millón y un millón de dólares.
A su vez, el 17 de diciembre de 2013, Lozoya propuso la rehabilitación de una planta de agronitrogenados propiedad de una empresa participada mayoritariamente por Altos Hornos y finalmente termina por comprarla. Por la adquisición se pagan 275 millones de dólares, cuando la compañía estaba valuada en 58 millones.
Los hechos investigados, según la Sala de lo Penal en España, encajarían en delitos de cohecho, blanqueo de capitales fraude o incluso en malversación de caudales públicos por lo que, según el tribunal, “refuerza la argumentación de la instancia de que no se vulnera el principio de doble incriminación”. El auto argumenta que Alonso Ancira cooperó en el blanqueo de capitales de Lozoya, al ejecutar el concierto delictivo previo, “pagando por adelantado (dádiva, mediante las correspondientes transferencias desde AHMSA a Tochos, de claro origen delictivo, pues el cohecho lo es) la contraprestación por la que espera y consigue que el señor Lozoya, cuando ya sea director general de la empresa estatal Pemex la contrapreste (sic), mediante la adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además los intereses públicos”.
Además, la Sala descartó la prescripción de los hechos alegada por la defensa de Ancira al considerar que tanto la Fiscalía como un juzgado mexicano han entendido que los hechos no han prescrito y por tanto no se debe hurtar el rol de decidirlo a la justicia mexicana.
El recurso de súplica era el último que tenía el empresario mexicano para evitar su extradición. Ahora será el gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez el que debe confirmar la resolución judicial, en los próximos días o semanas.
Durante su juicio, el pasado mes de marzo, Ancira reiteró que se niega a ser extraditado porque dijo que “no confío” en la justicia mexicana y aseguró que es una “víctima colateral” de la actual administración.