La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer una acusación formal en contra de Rosario Robles y pidió una pena de 21 años de prisión, por el presunto quebranto que ocasionó al erario público por más de 5 mil millones de pesos, cuando Robles era titular de las Secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y no hizo nada para evitar la Estafa Maestra.
Por ello, la FGR solicitó como reparación de daño que Robles pague el total del desvío que se provocó en este caso, es decir, 5 mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos.
Además de solicitar una pena de 21 años de prisión en contra de la exfuncionaria, la FGR pidió que se imponga multa de 3 millones 561 mil 300 pesos.
Para sustentar la investigación la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció testimonios de 56 servidores y exservidores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Sedesol, Sedatu y policías federales y ministeriales, para que declaren en contra de la exfuncionaria.
La acusación incluye el ofrecimiento de una sola prueba pericial en materia de contabilidad para acreditar los únicos dos hechos en los que la Fiscalía basó el proceso.
Asimismo, la FGR informó al juez que hasta el momento la defensa de Robles no se ha acercado a negociar alguna determinación anticipada, como puede ser el procedimiento abreviado.
Por otra parte, el abogado de Robles, Epigmenio Mendieta, declaró ante medios de comunicación, que dicha acusación es totalmente desproporcionada.
“Me parece totalmente desproporcionada dicha acusación y es una muestra de la justicia selectiva que el Estado lleva contra Robles. Están pidiendo la pena máxima por un delito que ni siquiera cometió porque ella no tenía facultades para impedir la firma de convenios con las universidades. Se trata de un delito que además ya estaría prescrito y en el que, en todo caso, la responsabilidad es de Emilio Zebadua quien era el oficial mayor. Pero estamos seguros que probaremos que Rosario es inocente”.
El abogado recordó que en la audiencia inicial, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna reclasificó el delito «para que tuviera dos sanciones de esta misma proporción, pero además también le puso una agravante, y la agravante es la del delito continuado, es la que establece el artículo 64 último párrafo que se podría imponer hasta una mitad de la pena prevista».
El 13 de agosto de 2019, Rosario Robles fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Actualmente, tiene en curso un juicio de amparo, con el cual busca que se ordene modificar la medida cautelar de prisión preventiva para poder enfrentar su proceso en libertad.