De acuerdo con el politólogo Pablo Vargas, es preocupante para las libertades y los derechos humanos de la población, el decreto de militarizar la seguridad pública en el país, que ya ordenó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien otorga estas facultades a las fuerzas armadas por cinco años.
A decir del también aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia municipal de Pachuca, de lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), destaca que se ordena a las fuerzas armadas a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública.
Manifestó que entre las facultades que se le otorga está la de prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas, así como la detención de personas, operativos a nivel municipal y la detención de migrantes, lo cual puntualizó, es lo que pone en riesgo la libertad de las personas y sus derechos elementales que pueden ser trastocados.
De igual manera, el activista, señaló que en este tipo de determinaciones debe de quedar bien definido los protocolos de actuación de las fuerzas armadas, ya que esto podría llevar a un riesgo de violentar los derechos humanos como se ha señalado desde que los militares salieron a las calles.
Añadió que debe de estar bien definido cuál es la actuación ya que estarían en riesgo los derechos y las libertades de los ciudadanos, por lo que serán los organismos defensores de derechos humanos y la población en general, las que deben de estar alertas sobre cualquier circunstancia que pueda violentar estas garantías sin importar de quién se pueda tratar.
De igual forma, precisó que sacar a las fuerzas armadas a las calles a realizar tareas policiales no es conveniente para el país e inicialmente se había señalado que contribuía en acciones específicas como casos del fuero federal entre ellos el narcotráfico.
Afirmó que ante las condiciones actuales, es tiempo aún de delimitar bien sus funciones desde cada una de las agrupaciones involucradas en la seguridad de la población, con el propósito evitar transgredir los derechos humanos, ya que en este caso la única que puede perder es la ciudadanía.