En México y en el estado de Hidalgo los índices de pobreza tuvieron una reducción drástica en el periodos 1999 -2018, esto gracias a la instrumentación de diversos programas alimentarios que reforzaron o diseñaron acciones especificas para la nutrición de las familias (Progresa/Oportunidades/Prospera/Probea) mismos que fueron eliminados por los nuevos gobiernos, lo que dejó en el abandono y vulnerabilidad a más del 50% de los hidalguenses, mencionó Anayeli Mejía Reséndiz, presidenta del Consejo Supremo Hñahñu.
En ese sentido dijo, Hidalgo enfrenta esta contingencia, ocasionada por el Coronavirus, en condiciones de vulnerabilidad debido, entre otros elementos, a las altas prevalencias de diabetes y enfermedades cardiovasculares; precariedad laboral, estancamiento económico, carencias en el acceso al agua y hacinamiento, y brechas en el cumplimiento de los derechos sociales: Salud, alimentación, educación, seguridad social y vivienda, situación que se agrava en comunidades indígenas migrantes, que presentan un rezago de casi un cuarto de siglo respecto a las no indígenas.
En ese sentido la organización indígena, hace un llamado al gobierno federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López, a ejecutar políticas públicas que protejan a los más vulnerables entre los vulnerables, es decir: a las poblaciones: indígenas, migrantes y mujeres violentadas, ya que los que existen actualmente, según el Coneval, ninguno programa social dirigido explícitamente a la población en situación de pobreza.
Atacar los índices y aplanar la curva de desigualdad, debe ser una prioridad en las estrategias de los gobiernos, cuando el confinamiento termine, no basta las buenas intenciones, esta crisis afectará principalmente a los grupos de población más vulnerables y puede llegar a revertir los avances en materia desarrollo social, la cual según el Coneval, los pobres crecerán, un 8%.
Lo que significa que en Hidalgo podría alcanzar cifras históricas de la población en situación de pobreza, si tomamos en cuenta que más del 70% de los hidalguenses viven en la informalidad, está crisis podría provocar que la población que en el 2018 no era pobre ni vulnerable, tenga afectaciones que los lleve a encontrarse en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
Por ello el Consejo Supremo Hñahñu propone la cancelación de proyectos no prioritarios, y enfocar esos recursos en: Otorgar despensas a las familias, otorgar cupones para la adquisición de alimentos, y crear bancos alimentarios móviles, a través las tiendas Diconsa, establecer cocinas comunitarias, capitalizar a pequeños productores, y dar créditos para proteger el empleo y subsidios al empleo de las empresas familiares, entre otros.
Es irónico que los trabajadores del campo indígenas, migrantes, microempresarios, mujeres jefas de familia, sean considerados “esenciales” para enfrentar esta crisis y que todos los días se jueguen la vida. Pero, a la hora de repartir la ayuda, quedaron fuera por no ser parte de la clientela política del gobierno federal, finalizó la presidenta del Consejo Supremo Hñahñu.