En la recta final de su administración la presidenta municipal de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán enfrenta una de las peores calificaciones que haya tenido un gobernante en la capital de Hidalgo, pues los resultados de una encuesta recientemente publicada por la empresa Mitofsky la sitúan en el lugar 90 con apenas el 21.8 por ciento de aprobación en su gestión, pero además comienzan a surgir acusaciones de crecimiento patrimonial familiar a partir de que asumió el poder público.
No es la primera vez que una casa encuestadora muestra resultados muy poco favorables del gobierno de la panista, han sido al menos tres en los últimos 12 meses que revelan que la opinión de los pachuqueños en general, es de una administración poco eficiente, sin resultados o con una autoridad ausente de los principales problemas que se viven en cada una de las más de 80 colonias.
Tampoco es causalidad la opinión coincidente sobre las quejas que tiene la población, baches, inseguridad y recolección de basura, además del tema económico muy ligado a las condiciones de deficiente infraestructura que desalientan la inversión y también la llegada de turismo que prefiere otras rutas y destinos dentro del estado.
Y entre tantas quejas, también aparecen señalamientos de adquisiciones de gasolineras, restaurantes y propiedades en la zona de la montaña que se han sumado a la cadena de bienes de la familia de la alcaldesa, curiosamente comprados o construidos desde que asumió el gobierno municipal.
Las acusaciones vienen de ex funcionarios que estuvieron con ella desde el inicio de la administración, que conocen las extrañas de su gobierno y también de su familia, de su patrimonio y de lo que pudieron haber conseguido al amparo del poder, es decir, son personas que en apariencia tienen elementos para sustentar lo que han dicho públicamente.
Así que la desaprobación y rechazo ciudadano al gobierno de Tellería tendrá una oportunidad más de confirmarse o no y será en las próximas elecciones municipales, de las acusaciones habrá instancias que podrían encargarse de ello, desde la Auditoria Superior del Estado, hasta la propia Unidad de Inteligencia Financiera, que bien podrían rastrear desde contratos, montos de transferencias al extranjero, empresas favorecidas, prestanombres, asesores y una cantidad de redes que normalmente se entretejen en el poder.