En estos momentos, se prepara reforma para que instituciones oficiales que atienden a las mujeres, actualizasen sus protocolos y programas, los cuales se trabajan en coordinación con las organizaciones sociales, aseguró la activista Ana Lara.
De acuerdo con la activista que representa a la organización Colectiva de Mujeres contra la Violencia, señaló que luego de las movilizaciones del pasado ocho y nueve de marzo en las que se exigió un alto a la violencia y cese a los feminicidios, el gobierno del estado concentró a 26 organizaciones civiles para trabajar en nuevas propuestas para hacer frente a los casos de violencia.
Manifestó que las asociaciones de mujeres que trabajan este tema pidieron cambios en las instituciones como lo es la Ciudad de las Mujeres, que requiere una reforma total para que ésta sea funcional, además de señalar que entre las propuestas esta que el Centro de Justicia para Mujeres forme parte de la PGJEH.
Precisó que un punto importante en que esta organización ha trabajado desde hace años dijo, es en la creación del Instituto Estatal de Nuevas Masculinidades, ya que se requiere reeducar no solo a los hombres violentadores, sino también a las mujeres ya que mientras no haya una restructuración y nuevas masculinidades la violencia seguirá permeando en la sociedad con mayor afectación de las mujeres.
Dijo que también se pidió que se dé seguimiento de las medidas cautelares para mujeres con pulseras electrónicas a través del C5i, sin embargo el argumento de las autoridades es la falta de recursos por lo que entonces se pedirá que sean los violentadores quienes paguen el costo de la pulsera.
Así también, refirió que al tener ya las propuestas y el cambio que se debe de hacer se trabaja en la mesas con las distintas instituciones para que se pueda aterrizar cada una de estas y mejorar la impartición de justicia.
De igual manera, las activistas, coincidieron en que una de las preocupaciones a mejorar es la atención a mujeres que viven violencia y van a denunciar, aquí señaló que se requiere fortalecer a los ministerios públicos ya que es en esta instancia donde se sigue o desiste una denuncia, además de castigar a funcionarios omisos que no atienden de manera adecuada a las víctimas y actualizar el protocolo.