Al incurrir en desacato al mandamiento de un juez federal en el nombramiento de los Consejeros del ITAIH, la diputada local de Morena por el distrito de Tizayuca y presidenta de la Comisiòn de Transparencia Susana Ángeles Quezada, podría ser destituida e inhabilitada de todo cargo público e incluso pisar la cárcel, aseguró Hugo Armando Vázquez Reséndiz, aspirante a consejero de Instituto de Transparencia en el estado.
Durante la sesión de la diputación permanente, la presidenta de la misma, María Corina Martínez García, informó que se recibieron oficios por instancias judiciales relativos a un juicio de amparo interpuestos sobre el proceso de selección de cinco comisionados propietarios e igual número de suplentes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo.
Aseguró: “Esto no se hizo del conocimiento del Pleno del Congreso de la entidad de dichas notificaciones, por lo que en mi calidad de presidenta de la directiva manifiesto mi inconformidad de que el Pleno no fue notificado de los ordenamientos judiciales, siendo una situación grave y que pone en entredicho el actuar de este Congreso, ya que votamos sin tener conocimiento de acciones de impugnación del proceso”.
A decir del denunciante Hugo Armando Vázquez, decidió interponer un amparo bajo el número 1439/2019-4, al considerar que no se valoró debidamente la documentación y experiencia para que pudiera participar en la designación de consejeros.
Señaló: “Durante el proceso, el juez segundo de distrito Oscar Gregorio Herrera Perea, ordenó la suspensión definitiva y se señaló que se podía continuar con el proceso de designación de los cinco comisionados propietarios y suplentes, pero se tenía que abstener de realizar la designación”.
Precisó que pese a lo anterior la diputada quien es la presidenta de la primera Comisión permanente de transparencia y anticorrupción del Congreso del Estado, no informó sobre este procedimiento y el 17 de diciembre del año pasado, presentó ante el pleno el dictamen por el cual se designó a los comisionados.
Añadió: “Por lo anterior el viernes pasado el juez envió un requerimiento para que en 24 horas la legisladora cumpliera con la suspensión y rectificara los errores en que incurrió, de no hacerlo será denunciada ante el ministerio público.
La parte acusadora, afirmó que con dichos actos Susana Ángeles incurrió en un desacato, al no informar a sus compañeros sobre el amparo y seguir con el procedimiento, además de que al contestar la ordenanza señala el sobreseimiento del acto, lo cual se informó, es mentira ya que el sobreseimiento quedó inválido con el acto de suspensión definitiva.
Al respecto, el coordinador del grupo parlamentario de Morena Ricardo Baptista González, calificó el hecho como sumamente grave por lo cual dijo es necesario que se reúna la junta de gobierno para analizar el caso y en el tema de las sanciones corresponderá al ministerio público determinarlas.
Aseverò: “Se señala que de no corregirse la designación es decir la reposición del proceso, la diputada puede ser sancionada con cárcel y su destitución de la diputación e inhabilitación para ocupar cargos públicos”.
Corina Martínez, aseguró que además la legisladora respondió al ordenamiento del juez con papelería de la legislatura, lo que involucra a los 30 diputados, hecho que es grave y necesario de explicar y transparentar”. María Corona Martínez.