Organizaciones ambientalistas denunciaron la omisión de autoridades ante la tala ilegal, lo cual dijeron, vulnera y pone en riesgo la vida, la seguridad y la integridad de la comunidad de Zacacuatla, Municipio de Acaxochitlán.
Habitantes de la comunidad d acompañados de personas defensoras de derechos humanos, acudieron a documentar el caso de tala ilegal que desde hace un año se ha reactivado en la comunidad y que en los últimos dos meses dijeron, se ha agravado, lo cual ha vulnerado la seguridad y los recursos naturales de la región.
Desde el año 2007 un grupo de pobladores promueven el cuidado del territorio por medio de una permanente labor de denuncia pública y organización comunitaria con la que han logrado vincularse con otros movimientos en defensa del agua y del territorio; ellos enfrentan la criminalización de su legítima labor como personas defensoras del agua y el territorio, y que incluso han sido objeto de graves violaciones a derechos humanos como lo son la detención arbitraria y la privación ilegal de la libertad ocurridas en 2009 y 2013. Actualmente, pese a las denuncias, señalaron que , autoridades de los tres niveles de gobierno se han mostrado omisas e inclusive en algunos casos, cómplices, lo cual contraviene los acuerdos internacionales, nacionales y estatales que hay en la materia y afectando los derechos de acceso al agua y a la vida de sus pobladores.
La zona afectada es un bosque de niebla de un poco más de cincuenta y cinco hectáreas que alberga una importante diversidad de especies arbóreas, vegetales y animales y que resguarda el manantial que es la única fuente que abastece a la comunidad de agua potable.
El 5 de octubre se realizó un recorrido por los predios Las Delicias y Altamira, ubicados en el barrio San Javier, donde se evidenció la devastación de la tala clandestina que propicia la pérdida de la densidad forestal. Se acopió evidencia a través de videos y fotografías aéreas que demuestran la gravedad y la urgencia de acciones para frenar estos delitos, que ante la omisión y en su caso la aquiescencia de las autoridades, se convierten en violaciones de derechos humanos.
La documentación se realizó en presencia del delegado de la comunidad, así como de dos elementos de la policía municipal, quienes tomaron datos personales, y fotografías de los vehículos y de quienes asistieron. Ante ello, integrantes de la comunidad exigen a las autoridades correspondientes que se investiguen los hechos posiblemente constitutivos de delitos, y en su caso se sancionen a los autores materiales e intelectuales. Además de garantizar las condiciones de seguridad de la comunidad.
