El diputado Julio Valera Piedras presentó una iniciativa para establecer sanciones al mal uso de los servicios telefónicos de emergencia en el Código Penal del estado, cuyo dictamen fue aprobado este martes en sesión ordinaria.
Las llamadas de emergencia tienen como finalidad salvaguardar y auxiliar de manera pronta y eficaz a la ciudadanía en peligro, pero éstas no están exentas de su mal uso y es necesario tomar cartas en el asunto, explicó Valera Piedras.
A nivel nacional, expuso, en la primera mitad de 2018 se recibieron más de 47 millones de llamadas, de las cuales sólo el 16% fueron reales. A nivel estatal, en el mismo periodo, se registraron 1.3 millones de llamadas, de las cuales sólo el 10.4% fueron reales.
La cantidad de llamadas improcedentes ha disminuido en los últimos años, no obstante, es necesario generar incentivos para eliminarlas, ya que representan un costo considerable para los recursos de la administración pública, destacó.
El legislador priista explicó que “en nuestro Estado participamos en el establecimiento del nuevo modelo en la atención de las llamadas de emergencia: el Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 911 (nueve, uno, uno). Con este nuevo modelo, pasamos de tener más de 500 números diferentes en el país a solo uno”.
Con este instrumento se crearon las bases para mejorar las condiciones institucionales destinadas a atender casos de emergencia. De esta forma se coordinan todos los Centros de Atención, de todos los operadores y, en suma, de todos los actores involucrados en la atención a la seguridad ciudadana.
Definir explícitamente en el Código Penal para el Estado de Hidalgo las sanciones para las llamadas falsas, ayuda a evitar que se movilicen a los servicios de emergencia del estado sin razón, lo cual se traduce en un ahorro de recursos.