El secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado, Benjamín Rico, señaló que pese a la clausura que tienen del depósito de llantas en el municipio de Atotonilco El Grande la normatividad ambiental federal les permite la quema de un 30 por ciento de llantas las cuales son utilizadas por algunas empresas que requieren de combustibles para sus productos.
El funcionario estatal manifestó que una de las demandas que se han hecho por parte de los pobladores y grupos ambientalistas, es detener la quema que realizan las cementeras de llantas y coque para sus procesos de producción en regiones también como Atotonilco de Tula ya que los niveles de contaminación por esas prácticas son elevados, además de que no se puede seguir.
De igual manera dio a conocer que como resultado de algunas de estas denuncias de quema de llantas dijo que se hizo una clausura del depósito en la comunidad de El Refugio, “la quema es criminal, hoy tienen ellos tienen un porcentaje autorizado para la quema que es de 30 por ciento”.
Señalò que ese es un dato que le tiene que dar a conocer la Secretaría del Medio Ambiente federal a la población en general ya que hasta ese ha sido motivo de quejas constantes pero en este caso las instancias locales no tienen la manera de dar a conocer las investigaciones y sus resultados “nosotros lo que estamos haciendo es, no queremos ni vamos a permitir que se generen tiraderos de llantas en esa zona”.
De igual forma, refirió que las cementeras demandan alrededor de ocho millones de llantas al año para sus procesos, Hidalgo genera al año un millón 200 mil llantas, es decir se traen de otros lados la diferencia de más de seis millones, es criminal lo que se hace al quemar las llantas ya que además del fuerte olor, se han detectado altos niveles de contaminación en las regiones donde se realiza la quema.
Por lo anterior el funcionario estatal, aseguró que es necesario que se cambien las leyes, ya que de esa manera será posible no solo abatir sino también sancionar esta actividad que no es bien vista no solo por las autoridades sino también por la ciudadanía. “no es posible que se generen impactos ambientales o autorización de empresas sin el visto bueno del gobierno federal quien es el que finalmente recibe el reclamo de la sociedad”.