- Asimismo, plantean fortalecer el Consejo Estatal de Prevención del Delito y profesionalizar y garantizar el acceso a la salud en comunidades apartadas
Durante los trabajos legislativos de la décima segunda sesión ordinaria desarrollada este jueves, fueron presentadas tres iniciativas: La primera impulsa una serie de reformas encaminadas a que el Estado garantice el acceso a una salud equitativa y libre de discriminación; la segunda promueve cambios legislativos para que la ciudadanía tenga la facultad de iniciar solicitudes de referéndum y revocación de mandato; y la tercera contempla reformas para incorporar a las secretarías de Desarrollo Económico (Sedeco), de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) al Consejo Estatal de Prevención del Delito.
En primer término, el legislador del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rafael Garnica Alonso, presentó una iniciativa para reformar la fracción I, apartado A, del artículo 3º y el inciso e), fracción VI, apartado B. del artículo 3º quinto párrafo del artículo 115; se adiciona la fracción I bis, apartado A, del artículo 5 y el artículo 12 ter, todos de la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo.
Lo anterior, a fin de abrir la posibilidad para que las universidades creen la especialidad de atención primaria de la salud que ya se imparte en otras partes del mundo y que propiciará que el personal médico que sea asignado a un centro de salud, a una unidad médico familiar, a un consultorio o a una unidad móvil, y que cuente con la preparación necesaria y para una adecuada atención de sectores vulnerables de zonas rurales.
“Consideramos que la atención primaria para la salud tiene el propósito fundamental de garantizar el derecho a la protección de la salud en condiciones de equidad, no discriminación y respeto a la dignidad humana, es necesario asegurar que las autoridades sanitarias estatales promuevan la especialización del personal médico a través de las universidades e instituciones de educación superior”, puntualizó.
En segundo lugar, las diputadas de Morena, Lisset Marcelino Tovar y Lucero Ambrocio Cruz, dieron lectura a una iniciativa para reformar los artículos 17, 18, 24, 47, 47 Bis, 56, 61, 71, 127, así como adicionar un parrado al artículo 24 y el artículo 36 Bis a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de instrumentos de participación ciudadana.
“Los mecanismos de participación ciudadana son una vía de expresión democrática por medio de los cuales la ciudadanía puede influir, o expresar su opinión formal, sobre las decisiones que toman los diferentes niveles y órdenes de gobierno; entre ellos se encuentran el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa ciudadana y la revocación del mandato”, explicó Marcelino Tovar.
Por su parte, Ambrocio Cruz puntualizó que se entiende como referéndum al proceso ciudadano por el cual se aprueban o se rechazan actos administrativos de los órganos ejecutivos, así como reformas a la Constitución y demás disposiciones normativas de carácter general que sean competencia del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y de los Ayuntamientos.
En tercer término, el representante del Partido del Trabajo (PT), Miguel Ángel Peña Flores, planteó una iniciativa para adicionar diversas fracciones al artículo 6 y el artículo 13 BIS de la Ley de Prevención del Delito para el Estado de Hidalgo, en materia de integración del Consejo Estatal de Prevención del Delito y financiamiento de los programas, fondos y recursos destinados a la prevención del delito.
El representante partidista mencionó que, con esta iniciativa, se pretende, incorporar, al Consejo Estatal de Prevención del Delito al Secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) y al Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot), así como incluir a los ayuntamientos de Tulancingo, Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tula de Allende, Ixmiquilpan, Tepeji del Río, Actopan, Tepeapulco, Huejutla, Apan, Huichapan, Mixquiahuala, Zempoala, Atotonilco de Tula y Tlaxcoapan.
Refirió que la participación de la Sedeco es importante, ya que la falta de oportunidades laborales son factores de riesgo para la juventud. En la representación partidista del Partido del Trabajo, abundó, estamos convencidos que la delincuencia está relacionada con el debilitamiento de la institución de la familia, la falta de oportunidades en la educación, trabajo, salud, la pobreza, pero también a las condiciones del diseño del entorno urbano.
De la misma forma, la iniciativa busca establecer que los programas, fondos y recursos destinados a la prevención del delito, sean considerados prioritarios y de interés público, por lo que no podrán sufrir disminuciones en el presupuesto, así como instituir que los recursos estatales dirigidos a la prevención del delito deberán crecer en la misma proporción que crecen los ingresos de libre disposición.
Las tres iniciativas serán turnadas para su estudio y dictamen correspondiente, de acuerdo a la instrucción de la presidenta de la directiva en turno, Roxana Montealegre Salvador, a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, una vez que esta sea instalada.