- Participó personal del Poder Judicial, la Procuraduría de Justicia y el sector salud
Debido a su trascendental intervención en causas penales donde existen alegaciones sobre tortura, personal del sector salud participó en un curso sobre el Protocolo de Estambul impartido en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH).
Los trabajos se desarrollaron en cuatro módulos y fueron clausurados por la magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, quien dijo que en este tipo de casos resulta necesaria la práctica de exámenes médicos y psicológicos a quienes han alegado tortura, pero, acotó, con el debido acompañamiento judicial para lograr un documento eficaz.
Para ello deben seguirse los lineamientos contemplados en el Protocolo de Estambul, “el cual ha sido motivo de este curso y seguramente habrá dado luz a los trabajos que desempeñaremos, juntos, médicos, psicólogos, juzgadores y abogados”, señaló.
Ante el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta; el subdirector de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia, Felipe Aguilar Zedillo; la consejera Lidia Noguez Torres, y el director del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial, Eudaldo Rivas Gómez, la magistrada destacó la importancia de la colaboración entre instituciones para dar cumplimiento al marco legal.
“Este evento que hoy nos reúne comenzó con una plática a la que llamé a un juez y a los magistrados presidentes de las salas penales para exponer el problema que se tiene en relación al tema de la tortura, que hace que los procesos se atrasen y no tengan una solución pronta”, recordó Sánchez Martínez.
“Esto dio como consecuencia la invitación e intervención del titular de la Secretaría de Salud, porque debíamos coordinarnos en un tema tan importante”.
La magistrada puntualizó que, si bien el personal del sector salud no estaba involucrado en temas judiciales, hoy el Estado debe responder con responsabilidad en la nueva forma de hacer justicia donde se protege a la víctima y también se otorgan derechos al procesado o sentenciado, por lo que actualmente “nos encontramos frente a un gran número de alegaciones sobre tortura dentro de una causa o toca penal”.
En su intervención, Escamilla Acosta consideró que este tipo de actividades permitirán que el sistema de justicia de Hidalgo transite conforme a lo indicado por las leyes supremas del país.
Destacó que el trabajo conjunto entre el sector salud y las autoridades judiciales garantizará el cumplimiento de los estándares para determinar la presencia o no de actos de tortura contra personas que se encuentran sometidas a un proceso judicial.
