Luego de que diputados electos de MORENA en Hidalgo ofrecieran una conferencia de prensa en el senado de la república donde aseguraron que las aprobaciones de diversas leyes y reformas son producto der albazos y acusaran represión por parte de policías estatales tras el enfrentamiento con simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional el 31 de julio afuera de la sede del Congreso, la LXIII legislatura rechazó tales afirmaciones.
A través de un comunicado de prensa, señalaron que, es falso que el trabajo legislativo realizado por el actual congreso sea producto de apresuramientos o “albazos”, pues la agenda legislativa del Congreso hidalguense, y de cualquier otro Poder Legislativo del país, culmina en el momento en que ordena la ley, no antes, no después, ni por voluntad, o capricho de nadie.
Las reformas planteadas, así como todos los nombramientos que ha emitido la LXIII Legislatura, han sido analizados y aprobados con la participación de todas las fuerzas políticas que conforman al Congreso, incluida desde luego la de Morena a través del diputado Efrén Salazar Pérez, su único representante partidista legalmente constituido, cumplen con toda la normatividad vigente, son acciones legítimas, legales y democráticas, y cuentan con absoluta certeza y seguridad jurídica.
Es definitivamente falso reiteraron, que los agentes de la policía estatal que resguardaron el Congreso el día 31 de julio ante la manifestación de personas que impidieron de manera arbitraria el ingreso no sólo a legisladores sino a trabajadoras y trabajadores a las instalaciones del Poder Legislativo portaran armas de fuego, su equipamiento consistía únicamente en el de contención antimotines, es decir, escudos protectores.
No así los manifestantes, quienes además de portar varillas, piedras y palos, ingresaron de forma ilegal al Congreso, dañando las instalaciones y amenazando a trabajadores, con el propósito de impedir el trabajo de la actual legislatura legal y formalmente instalada, lo cual es una flagrante violación no solo a los derechos de quienes laboran en el legislativo sino a la seguridad personal de quienes ahí se encontraban, además dichos actos constituyen una violación a los principios de libertad y autonomía parlamentaria.
No podemos aceptar que esas situaciones se conviertan en hipótesis jurídicas de anulación de los actos legislativos, sino que debe permanecer el ejercicio libre del trabajo legislativo.
La LXIII legislatura refrenda su compromiso con la sociedad que, al elegir a sus representantes les dio el voto de confianza para legislar, como corresponde a su trabajo y no para “esperar” a que llegue la siguiente legislatura, como pretenden los y las diputadas electas, lo que además de ser absurdo e irresponsable, resulta una postura prepotente e ilegal, totalmente contraria a la decisión ciudadana expresada en las urnas el pasado uno de julio, en la que se manifestaron en contra de autoritarismos, sea cual fuere la fuerza o actor político que los emita.