El Senado de la República exhortó a las instituciones federales encargadas de proteger los derechos del sector femenino, aplicar el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, durante el proceso electoral de 2018 en todo el país, a fin de castigar cualquier manifestación de violencia política contra ellas.
Para ello, los senadores Carmen Dorantes Martínez y Rubén Antonio Zuarth Esquinca presentaron un punto de acuerdo, para que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas; el Instituto Nacional Electoral, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres, se aboquen a esta tarea.
Todos, destacaron los legisladores priistas, debemos seguir alzando la voz, para que el proceso electoral en curso, se lleve a cabo con total respeto a los derechos político-electorales de quienes participan, sin distingo de género o condición.
Pero, sobre todo, para que las mujeres que han decidido contender como candidatas puedan hacer proselitismo, una vez que arranquen las campañas políticas, con total libertad, respeto y equidad en la contienda respecto de los varones, precisaron la senadora por el estado de Hidalgo y el senador por Chiapas.
En su exposición de motivos consideraron que no es posible que existan mujeres que sufran de acoso, daño a su dignidad o integridad por participar como candidatas en algún lugar de la nación.
Esta labor, señalaron, es responsabilidad de todos, es decir, de las instituciones gubernamentales, partidos políticos, candidatos y ciudadanos en general.
De ahí que este punto de acuerdo busca hacer un llamado a las diversas instituciones que intervienen en la atención de los casos de violencia política de género, durante los procesos electorales, a que utilicen el marco legal actual, pues ante la falta de leyes que ataquen cabalmente este problema, el instrumento más acabado hasta ahora resultaría ser el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres de 2016.
Sin embargo, reconocieron que se trata de un fenómeno altamente reincidente en el escenario político nacional, ya que de acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de 2012 a 2017, se abrieron 190 carpetas de investigación y averiguaciones previas por delitos de violencia política contra la mujer.
Dorantes Martínez y Zuarth Esquinca explicaron que estos casos se refieren a la indagación de conductas ilícitas en el ámbito electoral, ya que de acuerdo con la Fepade, la violencia política contra las mujeres puede ser efectuada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos o sus representantes, medios de comunicación y sus integrantes o por cualquier persona o grupo de personas.