- Ciudadanos pueden demandar la reparación de daños causados por actividades irregulares de servidores públicos
La magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Percys Susana Cravioto Luna, recordó que esta instancia del Poder Judicial de Hidalgo tiene facultades para resolver juicios por “responsabilidad del Estado”, donde los ciudadanos pueden demandar la reparación de daños causados por actividades irregulares de servidores públicos.
Esta figura fue agregada desde el año 2002 a la carta Magna federal y en Hidalgo está vigente desde mayo de 2017, cuando se reformó la Constitución Política local y se confirió al TJA la competencia para conocer y resolver ese tipo de casos aplicando de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles, explicó.
“Las autoridades que tienen facultades para hacer obras públicas, y durante la ejecución de una de ellas dañen un bien mueble o inmueble de un particular, tienen que responder por este acto”, ejemplificó la magistrada.
Indicó que otro caso podría darse si un bache causa afectaciones al automóvil de un particular y se comprueba la responsabilidad del área encargada de dar mantenimiento a las vialidades.
“Aquí deberá probarse, y la prueba pericial es muy importante porque nos ayudará a determinar si hubo responsabilidad de algún servidor público y el monto del daño causado”.
Cravioto Luna comentó que el TJA es competente para dirimir controversias entre particulares y autoridades de la administración pública estatal, municipal, así como de algunos organismos públicos descentralizados.
Para iniciar un juicio por responsabilidad del Estado, la persona afectada tiene que presentar una demanda en el TJA donde explique los hechos, a fin de que la autoridad correspondiente sea emplazada. Ambas partes podrán presentar pruebas a su favor y una vez que éstas sean desahogadas se celebrará una audiencia, donde será dictada la sentencia.
El plazo para recurrir un acto irregular de la autoridad es de 15 días y el tiempo promedio de un juicio es de seis meses, ya que deben respetarse todas las etapas procesales.
“La gente puede tener la confianza de que se va a resolver estrictamente conforme a derecho. Si tiene la razón, le garantizo que se le dará; y si no la tiene, le vamos a explicar por qué. Pero aquí las dos partes son exactamente iguales y nosotros sólo somos como un árbitro que dirige el procedimiento”, subrayó la magistrada.