Con la premisa de que los pequeños productores hidalguenses reactiven sus tierras, generen ingresos y sus familias vivan más tranquilas, el gobernador Omar Fayad encabezó la entrega de más de 9 mil Regularizaciones y Registros de Actos Jurídicos Agrarios a campesinos de la región de Tezontepec de Aldama.
A un siglo de la creación del ejido, gracias a las diversas acciones de sensibilización, conciliación de intereses, capacitación, asesoría jurídica y la realización de asambleas entre ejidatarios, se entregaron los documentos que dan seguridad y certeza a miles de hidalguenses, sobre la propiedad de sus tierras.
“Gracias al gobierno de la República, al presidente Peña, y a su interés por dar tranquilidad a los ejidatarios y a sus familias, es que hoy cuentan con certeza jurídica respecto a su patrimonio” manifestó el mandatario.
Dulce Abril Rivera Velázquez, delegada del Registro Agrario Nacional en el estado detalló que con la entrega de 9mil 361 documentos, de un total de 6 mil 673 personas, de los cuales 2 mil 100 son mujeres y 4 mil 573 son hombres, las familias del campo hidalguense, deben tener la seguridad de que ahora cuentan con un patrimonio, resultado de la excelente sinergia entre los diferentes órdenes de gobierno.
Ante decenas de beneficiarios, Pedro Porras Pérez, presidente municipal de Tezontepec de Aldama, destacó que hoy fue un día histórico para esa región, ya que la tierra forma parte de la historia de sus habitantes.
Finalmente, Tiburcio Martínez Mota, presiente del Comisariado, Núcleo Ejidal Tezontepec de Aldama, reconoció la política pública que impulsa el gobernador en materia agropecuaria, «y que mucho nos beneficia a las personas que vivimos del campo», por lo que agradeció a las autoridades esta trascendental acción para los beneficiarios y sus familias.
Este programa va dirigido a núcleos agrarios legalmente constituidos y no regularizados, núcleos agrarios con trabajos de certificación que quedaron anulados por la resolución de un tribunal y núcleos agrarios cuya regularización sea de interés colectivo.
La regularización protege los derechos de propiedad y garantiza que las tierras que han poseído y han obtenido legítimamente no habrán de perderse, sino que podrán ser aprovechadas para beneficio de las familias que la han trabajado.