El gobierno municipal de San Salvador 2016-2020 podría enfrentar millonarios adeudos por demandas laborales y laudos perdidos, que se han venido acumulando y heredando por la anterior administraciòn 2012-2016, que en muchos casos compromete incluso, su techo financiero.
La presidencia municipal recibió una notificación del actuario adscrito al Tribunal del Trabajo, con sede en la ciudad de Pachuca y lo recibió el síndico procurador y representante legal, Rufino Jiménez Reyes quien ahora sabe que los juicios son de ex trabajadores de la Alcaldía, Sistema DIF y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de San Salvador.
Son 8 expedientes, que suman un total de 38 ex trabajadores de la Administración Publica que encabezó Ismael Martínez Cruz; entre lo que reclaman son: cumplimiento de una indemnización, salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima dominical séptimos días y días festivos, prima complementaria de salarios, el reconocimiento y pago de las prestaciones otorgadas por las condiciones generales del trabajo del poder ejecutivo del estado de Hidalgo, entre otras.
El asesor jurídico del Ayuntamiento 2016-2020, Luis Bernardo Hernández Hernández preciso que a 16 de los 38 demandantes se les entregò su liquidación y prestaciones en tiempo y forma; el resto lo debió haber recibido del ex alcalde Ismael Martínez.
En el supuesto caso de que se tuviera que liquidar en base a lo que demandan los 38 ex empleados, el actual Ayuntamiento tendría que desembolsar aproximadamente 5 millones 169 mil 120 pesos, tan solo de 2 prestaciones, de un total de 9 de ellas que exigen.
La Dirección de Obras Públicas de San Salvador informo que ese monto equivaldría como ejemplo a la construcción del acceso principal a la cabecera incluyendo el arco, o bien la pavimentación de la carretera San Salvador/San Antonio Zaragoza, o la primera etapa del corredor gastronómico Caxuxi-Lagunilla.
Luis Bernardo Hernández recordar que a esas 38 demandas, 8 anteriores ya habían sido interpuestas y siguen su proceso.
Explico que el proceso es largo y podría tardar hasta tres años o más, dependiendo los recursos que interpongan ambas partes.
De ganar los laudos, el municipio dejarà de hacer obras porque el dinero del pueblo se utilizaría para beneficiar a 46 personas y no a toda la población.
