- La ley establece la participación de la Secretaría de Seguridad Pública, pero ésta desapareció desde 2013
- El coordinador de los diputados del PES propone reformas a la Ley, para actualizarla y darle claridad ante la ciudadanía
El coordinador parlamentario del PES en San Lázaro, Alejandro González Murillo, señaló que, desde hace un lustro no ha sido actualizada la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, razón por la cual se deben hacer las adecuaciones necesarias.
Indicó que esta Ley establece la incorporación de un representante de la Secretaría de Seguridad Pública en la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, así como en la Junta de Gobierno del Mecanismo y en el Comité Técnico del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Sin embargo, el legislador hidalguense hizo notar que desde el 2 de enero de 2013 desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y se le encomendó a la Secretaría de Gobernación el despacho de los asuntos correspondientes.
Ante ello, González Murillo presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para reformar diversos artículos de la citada Ley, con la finalidad de actualizarla y armonizarla, así como para darle claridad ante la ciudadanía y el sector para el que está principalmente dirigida.
Con las modificaciones planteadas en el proyecto, se ajustará el número de integrantes de las instancias creadas por la Ley, al ser eliminada la representación de una dependencia que ya no existe.
Así, reiteró el líder parlamentario, el objetivo de la iniciativa consiste en armonizar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Sostuvo que la ciudadanía, con independencia de su nivel educativo o formación profesional, debe conocer con claridad la estructura y funcionamiento de la administración pública, a fin de saber qué expectativas albergar de acuerdo con lo que la legislación le señala.
En ese sentido, González Murillo expresó que “como legisladores estamos obligados a poner al día y a la vanguardia el orden jurídico nacional, además de cumplir nuestra responsabilidad como representantes populares”.