- De no sustentar incremento de salario alcaldesa y cabildo de Apan tendrían que regresar recursos
En caso de que la presidenta municipal de Apan María Antonieta de los Ángeles Anaya Ortega y los integrantes de su gabinete que se aumentaron el sueldo no puedan sustentar el incremento a sus dietas, tendrán que regresar los recursos a las arcas municipales, afirmó el auditor superior del estado Rodolfo Picazo Molina.
Al respecto, manifestó que por la autonomía con que se manejan los municipios, son los titulares de los mismos junto con los integrantes del cabildo o la asamblea, los facultados para la aprobación de un aumento a sus dietas y en este caso como es aparentemente un asunto donde no hubo aprobación, corresponde al titular de la tesorería y al síndico iniciar el expediente.
Añadió que debe darse de esa manera ya que las instancias en referencia son las que deben hacer las primeras observaciones al respecto principalmente en este caso, María de los Ángeles Anaya después de haber iniciado su gestión con un sueldo de 52 mil 500 pesos que incluso ganaba su antecesor, se lo aumentó a 80 mil 458 pesos mensuales aparentemente sin l la autorización del Cabildo.
El auditor señalò que por lo anterior la alcaldesa tiene ya en su contra una carpeta de investigación por presunto peculado de 18 millones de pesos, que ya fue señalado por el síndico ante la Auditoría, sin embargo el día que debió de acudir a esta dependencia para hacer su denuncia ya no se presentó, por lo que será ahora el órgano auditor quien cite al funcionario municipal.
Picazo Molina, afirmó que en la audiencia que tengan con el síndico se le recordará cuál es su participación, ya que hay una Ley de Servidores Públicos, y una ley orgánica municipal y un código, donde se señalan las funciones específicas del síndico y de la asamblea para evitar ese tipo de situaciones.
Dejó claro que si algunos funcionarios no hacen su trabajo por el cual cobran, «están sangrando al erario», por lo que es necesario que en primera instancia ,sean los funcionarios municipales quienes intervengan en este caso, ya que el órgano a su cargo haría la auditoría correspondiente pero hasta febrero del 2018, como lo marca la ley en la materia.
Por último reiteró que debido a la autonomía de las presidencias municipales, la Auditoría a su cargo, no puede fincar alguna responsabilidad de manera directa, sin embargo, en este caso al no haber sido aprobado por el Cabildo se podrá analizar si hubo algún desvío de recursos de algún programa para que el dinero sea regresado a las arcas del municipio.