Con el voto unánime de los diputados locales de los diferentes grupos parlamentarios que integran la sexagésima tercera legislatura, fue aprobado el dictamen de la iniciativa que contiene la ley del Sistema estatal Anticorrupción, así como las leyes secundarias.
En tribuna, la diputada local del grupo parlamentario del PRI Marcela Vieyra Alamilla, al dar lectura al documento, refirió que estas acciones tienen como objetivo establecer las bases de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes para la prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Señaló que al mismo tiempo se instruye la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, de conformidad con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, impulsadas por el presidente de la República.
Añadió que para el correcto funcionamiento del Sistema, el ordenamiento aprobado girará en torno a diez principios, entre los que destacan , la Coordinación entre los diversos órganos competentes en el combate a la corrupción en el Estado y los Municipios; la Prevención de hechos de corrupción y faltas administrativa, Transparencia y rendición de cuentas en beneficio de la sociedad, la des-normalización de la corrupción en el servicio público, el Control de la discrecionalidad de los servidores públicos y la Planeación para un buen gobierno en sus diferentes niveles.
También en la sesión fueron aprobadas las leyes secundarias, en materia de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial de Hidalgo, la Ley del Tribunal de Justicia administrativa y la Ley Orgánica del Ministerio Público, que forman parte del andamiaje jurídico del Sistema Estatal Anticorrupción.
De igual forma, se dio a conocer que las leyes secundarias también fueron propuestas por el mandatario de la entidad a través de instancias como la Contraloría del Estado, el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia del estado, donde se faculta a dichas instancias para conocer actos u omisiones de servidores públicos que puedan afectar el buen desempeño de su cargo o comisión, además de que sancionará administrativamente, turnará a la autoridad competente o realizará denuncia ante la instancia correspondiente para lograr un mejor ejercicio del servicio público en la entidad.
En materia de Justicia Administrativa, se regula el procedimiento en los juicios fiscales y administrativos que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Administrativa y se susciten entre particulares y autoridades de los estados.