- Solo 16 diputados locales han cumplido
- De los alcaldes apenas 12 de los 84 han presentado su declaración patrimonial
Este miércoles, termina el plazo para que todo servidor público del estado presente su declaración patrimonial ante la contraloría y la Auditoria Superior del estado (ASEH), informó el titular de este último organismo, Rodolfo Picazo Molina, quien añadió que hasta el momento es baja la respuesta a esta ordenanza legal.
Al respecto refirió que en la entidad son un total de ocho mil servidores públicos de diferentes niveles y áreas de gobierno los que tienen conocimiento del deber de presentar su declaración patrimonial, de los cuales mil 340 lo tienen que hacer ante la ASEH y el resto ante la Contraloría del Estado.
Afirmó que al inicio de la semana en curso se tenía de avance de apenas el 34.1 por ciento que ha acudido a presentar su declaración, señaló que los sujetos obligados a presentar su declaración ante la Auditoría son los 30 diputados, así como el personal de la ASEH, 84 presidentes municipales, síndicos y regidores,
De igual manera manifestó que en el caso de los diputados hasta el inicio de la semana en curso solamente 16 habían cumplido con su declaración por lo que restaban 14 mientras que del personal de la Auditoría de 200 funcionarios han acudido 199, y de los 84 alcaldes solo 12 han presentado su declaración de sus bienes.
Mencionó que de los regidores de los 84 municipios, se espera un total de 890 servidores de los cuales 175 presentaron ya su declaración, mientras que de 95 síndicos que tienen que hacer este informe sólo han cumplido 25, de esta manera el total es de apenas un 34.1 por ciento de estos servidores públicos los que han cumplido con esta obligación.
El auditor, afirmó que la ASEH, podrá realizar diversas acciones de sanción, mientras que en el caso de los funcionarios que hayan llegado al cargo por elección popular, se les multará a través un apercibimiento, además de que se solicitará a la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, que autorice a la Auditoria a realizar una investigación sobre el patrimonio de los funcionarios que no cumplan.
“Estas acciones se realizan porque en los tiempos actuales donde se pide transparencia, es necesario que los ciudadanos conozcan cuáles son los ingresos de cada uno de sus funcionarios y de cómo se realiza el gasto del dinero público.