“La política pública de la administración que encabeza el gobernador Omar Fayad, se enmarca en una plataforma estratégica para limitar la discrecionalidad en la toma de decisiones de los servidores públicos, lo que permite dar pasos concretos hacia la desnormalización de la corrupción”, destacó el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Lamán Carranza Ramírez.
En reunión de trabajo en la que participaron los integrantes de las comisiones legislativas de Legislación y Puntos Constitucionales, y de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, donde estuvieron presentes el diputado panista, Luis Enrique Baños Gómez; la legisladora priista, Marcela Vieyra Alamilla, presidentes de cada comisión, respectivamente; así como la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Jessica Blancas Hidalgo; y la titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia, Citlali Jaramillo Ramirez, Lamán Carranza resaltó:
“Para fortalecer el trabajo que realizarán las dependencias estatales contra este fenómeno que lastima a la población, el mandatario estatal presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia del combate a la corrupción”.
Con sus diferentes conceptos y aristas, manifestó, la corrupción es entendida por el Banco Mundial como la práctica de ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar inapropiadamente en las decisiones tomadas por una parte.
Al respecto, fue la titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia, quien detalló que la encuesta sobre percepción de la corrupción que realizó la dependencia pudo constatar el hartazgo social contra los servidores públicos.
“Como funcionarios, debemos cambiar de actitud para recuperar la legitimidad del servicio público. Trabajar en todos los órdenes de gobierno para dar respuesta; no podemos seguir siendo omisos ante estas prácticas”, puntualizó.
Cabe señalar que acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la iniciativa contempla la coordinación de autoridades estatales y municipales para prevenir, detectar y sancionar delitos de corrupción y responsabilidades administrativas; así como la fiscalización y el control de los recursos públicos.
En su oportunidad, Jessica Blancas Hidalgo aclaró que ya no puede haber simulación ni desviación de recursos, estamos al servicio de la gente y tenemos que acercarnos a la ciudadanía para cambiar su percepción.
La Secretaria de Finanzas Públicas destacó que la política pública construida por la Unidad de Planeación y Prospectiva, con base en la visión del gobernador Omar Fayad, debe ser la base para el trabajo coordinado entre las dependencias estatales.
“La corrupción es el cáncer de toda sociedad y la innovación es lo único que puede erradicar la pobreza”, declaró Blancas Hidalgo, recordando al catedrático Michael Porter.
Ahí, se dieron a conocer algunos de los puntos esenciales de la iniciativa, entre los cuales se encuentran la simplificación de los mecanismos para presentar denuncias por actos de corrupción, así como la obligatoriedad de los servidores públicos para presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.
Durante la etapa de preguntas y respuestas, el legislador Luis Baños expresó que los integrantes de la LXIII Legislatura de Hidalgo están preocupados por la forma de la integración del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
En respuesta, Lamán Carranza detalló que los procedimientos de nombramientos serán contemplados en las leyes secundarias, para lo cual se tiene estipulado que deberán ser ciudadanos destacados por sus contribuciones en materia de transparencia y combate a la corrupción.
“Pero también quedará claro que no debe hacer injerencia de los poderes, ya que sólo deben ser facilitadores para su nombramiento; en beneficio de la ciudadanía”, concluyó.