- Organismos internacionales afirman que la corrupción le cuesta a México entre el 9 y el 20 por ciento del Producto Interno Bruto, señaló
- Nuestro compromiso es con la austeridad, la racionalidad y la disciplina del gasto público, indicó
Para combatir los altos índices de corrupción en nuestro país, el diputado Alejandro González Murillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES), planteó ampliar las facultades de los Testigos Sociales en sus tareas de vigilancia de los procesos de licitación del gobierno.
En ese sentido, propuso reformar las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para dar a esa figura ciudadana de transparencia, la posibilidad de verificar el cumplimiento de los contratos -facultad que actualmente no posee-, y aumentar la cantidad de licitaciones que puede supervisar.
El legislador hidalguense, integrante de la Comisión Especial de Vigilancia del Gasto y Deuda Pública de Estados y Municipios, reiteró el compromiso del PES con la austeridad, la racionalidad y la disciplina del gasto público, toda vez que organismos internacionales afirman que la corrupción le cuesta a México entre el 9 y el 20 por ciento del Producto Interno Bruto.
En ese contexto, González Murillo reconoció los importantes hallazgos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en su recién publicado Informe de la Cuenta Pública 2015, e indicó que “sin incurrir en cacería de brujas, seguiremos atentos a la aplicación severa y vertical de la justicia a quienes hayan malversado recursos públicos”.
Para abonar a la transparencia, la rendición de cuentas y la legalidad, el líder de la bancada legislativa de Encuentro Social destacó que su propuesta de reforma abriría la oportunidad para que el Testigo Social dé seguimiento al cumplimiento de plazos y formas de pago acordados; a la ejecución de obras conforme a lo proyectado y presupuestado, y a la aplicación de penas en caso de incumplimiento.
También precisó que disminuyendo el umbral del monto de los contratos que puede verificar un Testigo Social (a partir de los cinco millones de Unidades de Medida y Actualización en obras públicas, en lugar de diez millones), se ampliaría la cantidad de licitaciones cuya legalidad se pondrá a disposición del escrutinio ciudadano.
“Somos parte de la generación de políticos que consolidarán el entramado institucional y legal de la lucha contra la corrupción y la opacidad, para recobrar la confianza ciudadana en la cosa pública”, subrayó.
Finalmente, González Murillo subrayó que las propuestas de reforma, de Encuentro Social, están alejadas de las soluciones simplistas y demagógicas que las trincheras antisistema ofrecen a la