- Funcionario de la Comisión Nacional de Seguridad disertó sobre sobre la vigencia y transitoriedad de esta norma, así como su impacto en el sistema penitenciario
Con una conferencia impartida por Horacio Benjamín Pérez Ortega, titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en el Poder Judicial de Hidalgo dio inicio una etapa de profesionalización, la cual será replicada en todo el país, en torno a la Ley Nacional de Ejecución Penal que entró en vigor el 18 de junio de 2016.
Ante magistrados, consejeros y jueces, así como abogados y servidores públicos de instituciones relacionadas con seguridad pública, procuración e impartición de justicia y defensa de los derechos humanos, el funcionario de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) disertó sobre la vigencia y transitoriedad de esta legislación, así como su impacto en el Sistema Nacional Penitenciario.
Jorge Antonio Torres Regnier, coordinador de asesores del órgano federal presidido por el hidalguense José Alberto Rodríguez Calderón, dijo que la finalidad de esta serie de conferencias es homologar criterios para la correcta y debida aplicación del nuevo ordenamiento constitucional en materia penitenciaria.
Explicó que la nueva Ley de Ejecución Penal establece las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de las penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial.
Al dar la bienvenida a los presentes, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Blanca Sánchez Martínez, señaló que uno de los beneficios que se contemplan en la Ley Nacional de Ejecución Penal es la conmutación de la pena de acuerdo con las características de cada caso.
La titular del Poder Judicial hidalguense añadió que el tema ha originado opiniones encontradas en los propios operadores judiciales, por lo cual consideró que este tipo de encuentros académicos permiten tener un panorama más amplio y mayor certidumbre en el análisis de la ley.
Por su parte, el ponente detalló que el texto constitucional indica que el sistema penitenciario tiene dos objetivos fundamentales: la reinserción social del sentenciado y el procurar que no vuelva a delinquir.
Pérez Ortega refirió que en alrededor de 70 por ciento del territorio nacional ya se aplica la Ley Nacional de Ejecución Penal, mientras que las entidades restantes están sujetas a un periodo de gracia para su implementación.
La Ley Nacional de Ejecución Penal busca reestructurar la administración y operación del sistema penitenciario, con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, para procurar la reinserción social, se explicó en el evento.
