- La primera pide crear en el Código Civil Federal el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
- La segunda se encamina a prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia y el 67.5% de los hogares sostenidos por madres solteras, no la reciben como consecuencia de una serie de argucias que los deudores alimentarios implementan para evadir esa responsabilidad.
Al respecto la diputada federal, Viggiano Austria expresó en tribuna que para ello, “es necesario impulsar la creación de Registros de Deudores Alimentarios Morosos de carácter público en las entidades federativas que administren una base de datos actualizados de las personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias”.
Por tal motivo, la legisladora hidalguense destacó que a través de esta iniciativa, propone adicionar diversos artículos al Código Civil Federal para que en este ordenamiento se establezca la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos con el propósito de que las entidades federativas hagan lo conducente en sus leyes locales.
“En suma, se trata de asegurar que niños, niñas y adolescentes, principalmente, cuenten con un mecanismo que contribuya a que quienes deben responsabilizarse de su alimentación, cuidado, educación y salud, entre otras obligaciones alimentarias, no encuentren salidas que hagan obsoleta su obligación”, puntualizó.
Asimismo recordó que recientemente, en esta legislatura, se aprobó y entró en vigor, el proyecto de decreto por el que se adicionó la fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración con el fin de establecer que las personas que, en su carácter de deudoras alimentarias, dejen de cumplir con las obligaciones que impone legislación civil, no puedan salir libremente del territorio nacional.
Respecto a la violencia política de género detalló que en los últimos dos procesos electorales, se presentaron más de 140 casos de violencia política contra las mujeres, como consecuencia de su mayor participación a raíz de la paridad de género que obligó a los partidos políticos a garantizar el acceso de las mujeres al 50 por ciento de las candidaturas disponibles.
Sin embargo, precisó que no existe un marco regulatorio que le haga frente, por lo que en este momento las mujeres que deciden participar en la vida política del país, siguen expuestas a conductas que tienen el fin de evitar el ejercicio de sus derechos políticos.
Por tal motivo, con la finalidad de crear el escenario más adecuado a la realidad que viven las mujeres de México en el contexto político electoral, la Diputada Viggiano propuso:
- Reconocer la violencia política de género en las leyes generales de procedimientos e instituciones electorales; del sistema de medios de impugnación en materia electoral; de partidos políticos y en materia de delitos electorales;
- Reconocer la violencia política como una modalidad en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
- Establecer a la violencia política de género como causal de nulidad de elecciones federales y locales, cuando sea determinante en el resultado electoral.
- Establecer como uno de los fines del Instituto Nacional Electoral, la promoción del voto en condiciones de igualdad y no discriminación;
- Regular que la propaganda política no motive o genere violencia política de género;
- Que los actos u omisiones considerados como de violencia política de género sean reconocidos como infracciones en materia electoral;
- Que los Partidos Políticos tengan la obligación de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política de género, en especial, la que se motiva o causa contra las mujeres, y
- Por último, tipificar como delito las conductas más graves.
“De aprobar esta iniciativa, estaríamos dando un paso muy importante en esta materia y aseguraríamos que las mujeres no nos enfrentemos a un escenario complejo en el que la violencia pueda amenazar nuestra libre participación en la vida política de México por la falta de mecanismos legales de protección” concluyó.