La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible, aseguró la diputada local Erika Saab Lara, durante la inauguración del diplomado en Armonización Legislativa para lograr la Igualdad Sustantiva,
Durante el evento que estuvo encabezado por la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado María Luisa Pérez Perusquia, y al que acudió el secretario de gobierno Simón Vargas Aguilar, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado Erika Saab, destacó la importancia de este tipo de actividades.
Al respecto manifestó que a cinco años de la reforma Constitucional en materia de derechos humanos, aún hay muchos retos por asumir, ya que esta reforma establece como compromiso de todas y todos los legisladores, desde el ámbito de sus competencias, el trabajar en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Luego de afirmar que el diplomado está dirigido a personal de las áreas jurídicas del poder ejecutivo, asesoras y asesores del Congreso del Estado, Saab Lara, aseguro que en el estado, esencial incorporar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en cada una de las actividades que se desarrollan en el gobierno del estado, en la academia y en la sociedad civil. El gobierno, instituciones académicas y sociedad en general
“Debemos unir esfuerzos para conformar el marco jurídico con perspectiva de género.
Para ello, en cumplimiento con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo, desde este Congreso debemos trabajar en la armonización legislativa de marco jurídico estatal, con los Tratados Internaciones y normas nacionales en materia de derechos humanos e igualdad”.
En el mismo sentido se manifestaron tanto la presidenta de la junta de Gobierno de la Sexagésima tercera legislatura y el secretario de gobierno, quienes afirmaron que avanzar en este proceso además de ser una obligación, permitirá evitar la contradicción normativa; la generación de lagunas legislativas; la falta de certeza en la observancia y aplicación de la misma; el debilitamiento de la fuerza y efectividad de los derechos, así como dificultades para su aplicación.