Alfonso Pérez Daza, Consejero de la Judicatura Federal, hizo un llamado a la comunidad jurídica hidalguense a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen para construir el NSJP, pues advirtió que una nueva ley que requiere los refuerzos para determinar, a la brevedad, cuál será el futuro de la aplicación del derecho penal en México.
Así lo expresó al presentar su libro “Código Nacional de Procedimientos Penales. Teoría y Práctica del Proceso Penal Acusatorio”, acompañado del magistrado Juan Manuel Menes Llaguno Presidente del TSJH y la magistrada de circuito, Silvia Estréver Escamilla, del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito.
Actualmente, afirmó, hay pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la de resolver la contradicción de tesis 87/2016, la cual expone que el auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse al ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
“El auto de vinculación a proceso no es una resolución para determinar la controversia judicial del proceso, en el sistema tradicional lo era, pero en el NSJP no sirve para fijarla, pues posterior a ello inicia la investigación judicializada”, al explicar que el Ministerio Público en este lapso tiene la gran responsabilidad de reclasificar el delito si fuere el caso para iniciar el proceso de juicio oral.
En su mensaje, Menes Llaguno reconoció que las constantes reformas que ha implicado el NSJP, entre las que destacan la realizada a los Derechos Humanos, pese a la miles de horas de capacitación y prácticas son aun pocas ante la cantidad de cambios que representa la convencionalidad.
“No se trata únicamente de aplicar el nuevo Código, único en todo el país, sino la adopción de un nuevo sistema en toda la palabra, es decir de una innovada estructura de principio, reglas y métodos con una finalidad debidamente sistematizada que genera nuevo paradigmas”, aseguró.
Estréver Escamilla resaltó el trabajo de Pérez Daza al expresar que sus comentarios del Código, muestran que se cuenta con una normativa que dan certeza jurídica a la sociedad mexicana, al contar con un solo texto que facilita la consulta de leyes procesales, evita contradicciones y duplicidad de nomas.