· El interés superior de la niñez, incompatible con su utilización como carne de cañón
Ante los hechos registrados en Oaxaca, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES), diputado Alejandro González Murillo, llamó a todas las fuerzas políticas a defender el Estado de Derecho, recuperar la legalidad y no solapar el chantaje y la violencia como métodos de acción.
Asimismo, hizo votos porque el diálogo convocado por la Secretaría de Gobernación con la representación de la CNTE, sea honesto, abierto y fructífero para bien de México, la educación y la niñez.
Desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el líder parlamentario enfatizó que el interés superior de la niñez es incompatible con su utilización como carne de cañón o con el ser obligados a marchar en lugar de recibir la instrucción a que tienen derecho.
Al fijar el posicionamiento del GPPES sobre los hechos violentos de Oaxaca, González Murillo expresó el reconocimiento de su grupo parlamentario, con gratitud y honor, a las maestras y maestros que, comprometidos con su labor edificante, “nos han compartido y transmitido conocimientos, habilidades y actitudes”.
No obstante, el legislador federal aseguró ante diputados y senadores que, por desgracia, del otro lado de la moneda, existen también profesores cuyos ejemplos de vida son impresentables y representan todos los despropósitos posibles, “los que, en aras de su derecho a agremiarse, se constituyen en grupo de presión y chantaje que, a través de la movilización, acostumbran exigir prebendas injustificables”.
Cuestionó que en claro y trasnochado desafío al Estado Mexicano, una expresión magisterial que nació disidente y no tardó en superar, con creces, aquellos usos y costumbres que tanto criticó, “se ha movilizado violentamente en diversas poblaciones con dos demandas tan descabelladas como inatendibles: la abolición de la Reforma Educativa y la inaplicación de la ley”.
Sostuvo que es una incongruencia buscar, desde el Congreso de la Unión, la armonización legislativa e institucional del sistema mexicano de procuración y administración de justicia, así como la instauración de un sistema integral de combate a la corrupción y la opacidad para, simultáneamente, defender el proceder vandálico y porril de una camarilla de profesores e infiltrados que se aferran, por todos los medios, a las peores prácticas del pasado, reforzadas por sus alianzas electorales y políticas, cuyo peligro para México está ampliamente probado.
Del mismo modo, prosiguió, resulta inexplicable respaldar la visión convenenciera y veleidosa que pretende hacer creer que “se trata de causas y modos justos” si se bloquean carreteras; rapa y veja a profesores; si se producen ataques contra las instituciones y la propiedad; si se saquea comercios, roban y queman automóviles o si se mata a reporteros que dan cuenta de la barbarie, “pero si el Estado interviene para recuperar el orden, se trata de represión”.
Manifestó que para el GPPES es insostenible esta situación, en que una minoría de personas que pretende poner de rodillas al Estado Mexicano con tal de preservar sus privilegios, teja las más siniestras alianzas con una expresión política, “que más parece una secta, de vocación terca, mesiánica y narcisista, en detrimento de la educación de miles de menores”.
En ese sentido, puntualizó que es incompatible con la actividad parlamentaria y política el defender lo indefendible y solapar el chantaje y la violencia como métodos de acción.
“Vamos a recuperar la legalidad y si hay que pagar costos, siempre que sean legítimos”, dijo al expresar el más amplio e irrestricto respaldo del GPPES al Estado mexicano.