
Como panelistas participaron los magistrados Mario Ernesto Pfeiffer Islas, presidente de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes; Raúl Arroyo, de la Segunda Sala Penal; Diana Mota Rojas, de la Primera Sala Civil y Familiar, y fungió como moderadora la jueza Martha Leticia Hernández Amador, del Segundo Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes.
En representación del Magistrado Juan Manuel Menes Llaguno, presidente del TSJH, la maestra María Elena Ruiz Hirales, directora del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Consejo de la Judicatura, subrayó el interés de la Institución por ampliar nuevos criterios de jurisdicción desde las diferentes materias que representan los ponentes.
Raúl Arroyo refirió la necesidad de una revisión general de las normas que impactan en el interés superior del menor, ya que indicó que éstas se deben aplicar conforme a la nueva dinámica de la sociedad.
En la actualidad, el menor se ve inmiscuido en situaciones como el narcotráfico, delincuencia organizada, éxodo interno, migración y trata de personas, por lo que los juzgadores deben tener una perspectiva más amplia, agregó.
En su intervención Mota Rojas habló sobre la obligación del Estado de continuar garantizando, mediante políticas públicas, los derechos de los menores y recordó que ya tenemos las normas y ahora hay que saber aplicarlas.
Hizo un exhorto a los funcionarios a ser más sensibles a las situaciones que enfrentan los menores, así como las partes involucradas, con el fin de tener una perspectiva diferente para ser tratados conforme a la etapa de evolución en que viven, por lo que no deben ser atendidos como adultos.
Pfeiffer Islas recordó que la justicia para los menores no ha sido atendida de forma adecuada, anteriormente el niño, dijo, fue objeto de protección y aunque ahora es sujeto de derechos consideró que en el actual sistema los adultos tienen más derechos que los menores.
En ese mismo sentido, pidió al legislador no soslayar los derechos para atender el interés superior del menor, para el momento en que los tribunales tengan que emitir sentencias y sean también acordes con los convenios internacionales que México tiene signados.
