Aprueban diputados locales propuesta para que en materia de procuración y administración de justicia, los habitantes de los pueblos indígenas del estado, puedan contar con las herramientas y apoyo oficial necesarios que les permitan garantizar sus derechos principalmente en los momentos en que enfrentan procesos legales.
Después de dar a conocer que la propuesta inicial fue del legislador independiente J. Dolores López Guzmán, el legislador del PRD Luciano Cornejo Barrera, refirió que las autoridades estatales y municipales son las responsables de la procuración y administración de justicia, incluidas las agrarias y laborales, y deberán proveer lo necesario a efecto de que en los juicios los indígenas sean asistidos gratuitamente desde el inicio hasta la conclusión.
“Afirmó que la Ley de Derechos Lingüísticos establece el derecho de los indígenas a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua en los juicios y procedimientos de que sean parte. Además de que los tres Poderes garantizarán a pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción en materia de justicia.
Añadió que ante la posición que se encuentran los habitantes de los pueblos originarios respecto también a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, es necesario involucrar a toda instancia relacionada con el tema incuso a través de convenios para poder garantizar los derechos de la población indígena del estado, de acuerdo a lo establecido en la Constitución.
Refirió que por ello el llamado al Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJEH) y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) llevar a cabo convenios con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y la Universidad Intercultural para formar intérpretes, traductores y peritos, mediante la capacitación respectiva del capital humano con que cuentan.
Cabe mencionar que a favor del acuerdo económico se pronunció en tribuna el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Robles Acosta, quien señaló que de conformidad con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existen más de ocho mil 500 presos indígenas en los centros penitenciarios del país, de los que gran parte han sufrido irregularidades en el desarrollo de su procedimiento derivado del nulo entendimiento del proceso que enfrentan.