La cámara de diputados aprobó reformas a los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal para sancionar con 4 a 9 años de prisión y multa de 400 a 2 mil pesos a quien falsifique sellos o documentos de inspección de pesas y medidas o de cualquier otra especificación técnica que tenga por objeto, determinar la calidad y seguridad de algún producto bien o servicio, antes, durante o después de su venta, así como falsificación de documentos oficiales como títulos universitarios, cédula profesional, credencial de elector, actas de nacimientos, documentación de vehículos y pasaportes.
El Diputado Federal Francisco González Vargas, expresó que es de vital importancia resguardar todos aquellos documentos emblemas o ambos que demuestren el cumplimiento de normas oficiales mexicanas.
El legislador Hidalguense, informó que además se estableció pena de formal prisión de 3 meses a 3 años y multa de 20 a mil pesos, al que para defraudar a otro utilice o falsifique un documento que demuestra el cumplimiento de normas oficiales mexicanas que haya sido expedido para un producto, proceso o servicio distinto.
El dictamen aprobado con 361 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones, y remitido al senado de la república para efecto de sus efectos constitucionales, precisa que los delitos de falsificación constituyen infracciones contra la fe pública en la certeza jurídica y el valor económico.
González Vargas argumento que se trata de una conducta lesiva a los intereses de la colectividad y del Estado, ya que el daño no es solo financiero, pues también afecta a la política crediticia, la solidez y liquidez del propio Estado, así como la fe pública.
Ello, dijo, toda vez que su falsificación también puede implicar un grave riesgo para la salud de los mexicanos, ya que implica el eventual consumo de productos que no han sido revisados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Hizo votos por crear las condiciones que permitan el cabal ejercicio del derecho a la salud consignando en el artículo 4 de la Constitución Política de tal forma que al cuidar la documentación que se utiliza para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas se esté dando un paso más en el cumplimiento de dicha prerrogativa.
Francisco González dijo que con el establecimiento de dicha reforma no solo se estará garantizando el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas así como la confiabilidad de los documentos, si no que se cumplan con todas las medidas impuestas para la elaboración, distribución y venta de bienes y servicios en beneficio de la sociedad mexicana.
Resaltó que en la actualidad se comercializan miles de productos y servicios a nivel nacional respecto de los cuales existe la posibilidad de que se encuentren bajo la regulación de la NOM.
“No se puede descartar que algunos de estos sean elaborados a partir de falsificación de documentos o emblemas que pretendan demostrar el cumplimiento de tales normas, o bien alterado y violado los certificados, sellos o documentos legales que fueron expedidos para otro producto proceso o servicio del consumidor”.
Expuso que todos en algún momento hemos usado servicios o adquirido productos que se encuentren sujetos para su elaboración, distribución o venta al cumplimiento de normas oficiales mexicanas esperando la satisfacción de sus requisitos por parte de los comerciantes, ya que, de lo contrario, se podrá ver afectada nuestra economía, o peor aún, nuestra salud.