En protesta por la detención de un comunero de El Rosario, y el inicio de procedimientos penales contra 25 indígenas de Bagandhó, ambas localidades de Ixmiquilpan integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) se manifestaron y “plantaron” de manera simultánea ante la Procuraduría local, la Suprema Corte de Justicia, y el Instituto Estatal del Transporte de Hidalgo la mañana del viernes.
Provenientes de 35 municipios de Hidalgo, los indígenas fueron encabezados por Martha López Ríos, dirigente estatal de la UNTA y por líderes regionales de la organización.
En la Procuraduría, los inconformes fueron recibidos por Cuauhtémoc Granados, ante quienes expusieron que de forma injustificada se están 
girando órdenes de aprehensión contra comuneros de El Rosario derivadas de supuestas denuncias sobre daños a propiedad ajena interpuestas durante el conflicto agrario que sostuvo la localidad con sus vecinos de El Bothó, Cardonal.
Martha López explicó que “el conflicto se resolvió hace un año con el pago de una indemnización a El Bothó por parte de la Sedatu por lo que no entendemos dijo, porque se ejecutó una supuesta orden de aprehensión contra uno de nuestros compañeros”.
Sin revelar el nombre del detenido, López advirtió que de no ser liberado a la brevedad posible “podría estallar un grave conflicto en el Valle del Mezquital”.
De igual forma comentó que en Bagandhó, También municipio de Ixmiquilpan un grupo de concesionarios del transporte público interpusieron denuncias contra 25 vecinos de esa localidad “por el supuesto delito de obstrucción de vías de comunicación”·.
“Lo que en realidad ocurrió fue que los compañeros, respaldados por toda la comunidad se pusieron a reparar los caminos lo que despertó el temor de los concesionarios ya que hay muchas quejas por el pésimo servicio que dan” dijo López.
Otro asunto es el del campesino Isidro Hernández y sus familiares oriundos de la localidad de Daxthá, municipio de Actopan los cuales fueron detenidos y encarcelados por protagonizar un pleito con otra familia.
Para liberarlos, denunció la dirigente “se les impusieron cauciones que van de entre los 100 mil a 500 mil pesos bajo la amenaza de pasar diez años de prisión”.
“En contraste, la procuraduría no hace nada para detener y someter al proceso penal correspondiente a Isabel Monzalvo López quien junto con un individuo defraudaron a 420 familias al venderles lotes de un terreno llamado Las Fuentes, de Pachuca”.
Cuauhtémoc Granados se limitó a decir que atenderían las demandas de los inconformes.
Posteriormente López y familiares de los afectados sostuvieron reuniones con funcionarios de la Suprema Corte de Justicia, y de la Secretaría de Seguridad Publica.
Después un grupo de untistas se plantó en el Instituto Estatal del Transporte para tratar diversos problemas como la detención de camionetas de transporte publico de cooperativas de trabajadores del volante identificados con la UNTA.
Por la mañana, 500 integrantes de la agrupación se manifestaron frente a las oficinas de la delegación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en protesta al recorte de recursos para programas de apoyo al campo.
Protestaron también por la inclusión en las Reglas de Operación de esos programas de un apartado que obliga a los campesinos a darse de alta en Hacienda para pagar impuestos “aunque la mayor parte de sus proyectos son rechazados”.
Durante la manifestación ningún funcionario de la SHCP salió de las oficinas para atender a los untistas.
Estas movilizaciones sirvieron también para conmemorar el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.