Operadores del transporte público que cubre la ruta Ixmiquilpan – Bangandhó piden el apoyo de los diferentes niveles de gobierno así como el instituto estatal del transporte para poder trabajar de manera normal, ya que desde hace varios meses su propia comunidad pretende cobrarles una cuota diaria para dejarlos brindar el servicio de transporte colectivo libremente.
Desde hace aproximadamente 4 meses el delegado de la comunidad de Bangandhó Ricardo Montoya García realizó una asamblea con los ciudadanos en la que no estuvieron presentes los concesionarios a los que posteriormente se les notificó mediante un oficio que debían pagar una cuota diaria por cada vuelta que den acumulando un monto de 6 mil 770 pesos al año por cada unidad.
Los dueños de las urvans y los operadores se negaron a dicha situación pues señalan que ellos cuentan con una concesión otorgada por el instituto estatal del transporte 
cumplen con las normativas, acaban de renovar unidades para brindar un buen servicio, pagan sus impuestos, cuentan con seguro y lo necesario para circular, además de los pagos de las letras por el financiamiento de sus unidades y el mantenimiento erogando mensualmente más de 10 mil pesos, situación por la que van al día en cuestión económica.
Ante la negativa de los operadores en pagar una cuota que les exige la delegación de manera ilegal han sufrido ya en al menos una ocasión la retención de sus unidades por todo un día quedándose sin ingresos, además de que por varias semanas dejaron de cubrir la ruta completa para evitar enfrentamientos sin arribar a la comunidad dejando a los usuarios de la ruta a la entrada, quienes se vieron obligados a caminar varios kilómetros hasta sus hogares.
Los chóferes afectados todos originarios de Bangandhó piden que se les deje circular en paz y consideran injusto tener que pagarle a la comunidad por trabajar ya que los delegados no cuentan con facultades para exigir dinero que no saben en qué se va a utilizar y que solo le piden a los operadores del transporte público de esta ruta, cuando ellos cumplen con las normativas del instituto estatal del transporte para brindar un buen servicio.
Debido a la retención de unidades y a que no los dejan circular por la ruta completa los transportistas ya acudieron al ministerio público a levantar una denuncia, ya existe una averiguación previa 271/2015 contra quienes resulten responsables de estos ataques a la vías de comunicación, los afectados piden pronta intervención de las autoridades para resolver la situación sin salir afectados en los ingresos que obtienen de manera honrada trabajando.
Por su parte el alcalde municipal Cipriano Charrez fijó la postura del ayuntamiento ante esta situación argumentando que se trata de acuerdos verbales realizados entre los concesionarios de la ruta y los pobladores de la comunidad, por lo que al ser un consenso interno las autoridades municipales no intervienen pues se realizan de conformidad entre las partes involucras, por lo que descartó que se viole la ley.
Ya se llevó a cabo una mesa de dialogo donde los concesionarios ofrecieron a la comunidad cobrar el pasaje mínimo de 7 pesos a estudiantes y personas de la tercera 
edad, además de transportar gratis a las personas con discapacidad y donar en materiales para su comunidad la cantidad de 500 pesos al año por cada unidad concesionada, sin embargo hasta el momento la postura de los delegados no ha cambiado por lo que los afectados piden la intervención de autoridades estatales para que los dejen trabajar y no se violen sus derechos.
Esta situación no es nueva en el valle del Mezquital el año pasado el delegado de la Joya exigía una cuota diaria y anual para permitirles el paso a las unidades de la ruta Ixmiquilpan – El Nith hasta la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital este conflicto duró varios meses afectando a miles de estudiantes y culminando con un enfrentamiento entre vecinos.
También el año pasado delegados del Maye y la 20 de noviembre exigieron a transportistas de la ruta Cecyteh – Ixmiquilpan una cuota de 500 pesos por cada colectiva para poder circular por su comunidades, culminando con la retención de una de las unidades de transporte.
En el municipio vecino del Cardonal estalló un conflicto entre transportistas de la ruta 21 y la delegada Aleida Hernández quien también pretendía cobrarles una cuota anual a las unidades además de establecer los paraderos de las unidades y restringirles el paso por el centro del municipio.
Delegados de varias comunidades y municipios del Valle del Mezquital amparándose en los usos y costumbres pretenden condicionar a los transportistas a fin de obtener ingresos por medio de cuotas arbitrarias que les asignan sin tener la facultad para ello y a pesar de que los operadores se encuentran regulados por el instituto estatal del transporte, pasando por encima de la ley sin que ninguna autoridad los detenga.