Después de tres sesiones ordinarias celebradas el fin de semana en el Congreso local, culminó el proceso de armonización del marco jurídico local con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Código Nacional de Procedimientos Penales del país, que entrará en vigor en el estado en una semana más.
En los trabajos que iniciaron la mañana del viernes y culminaron este sábado fueron avaladas las once propuestas de ley presentadas por el titular del ejecutivo estatal Francisco Olvera Ruiz, el pasado 29 de octubre y la presentada un día antes por el presidente del Tribunal Superior de Justicia Juan Manuel Menes Llaguno.
Los ordenamientos expedidos y reformados son la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley de Seguridad Pública, la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados, Ley para la Protección a las Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, todas ellas del estado de Hidalgo entre otros.
Además de Ley Procesal de Sanciones Penales y Medidas para Adolescentes del Estado de Hidalgo; Código Penal, la Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas de delito y violaciones a los Derechos Humanos, y la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia.
Cabe mencionar que las dos últimas leyes en aprobarse también por unanimidad de votos de los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias fueron Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley Orgánica de Seguridad Pública, las cuales a decir de la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, María Gloria Hernández Madrid, quien señaló que el jefe del Ejecutivo Estatal restructuró el ordenamiento a fin de que su contenido sea más claro y consistente respecto a la organización y funciones que lleva cabo las instancias relacionadas.
A su vezla legisladora local priista Mabel Gutiérrez Chávez, refirió respecto a la Ley Orgánica de Seguridad Pública, señaló que las necesidades de diseñar un nuevo marco jurídico a la prestación de la Seguridad Pública en el Estado, obedece a que los requerimientos de la sociedad en la materia son distintos a los que prevalecían hace apenas unos años.