Los diputados locales de las diferentes fracciones parlamentarias aprobaron por unanimidad diversas reformas y adiciones a los artículos 9, 90, 92 y 99 de la Constitución local, propuestas gobernador José Francisco Olvera Ruiz, para armonizar la Constitución Política del Estado en relación a la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que comenzará a operar en el distrito judicial de Pachuca en noviembre próximo.
En la lectura del documento la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, María Gloria Hernández Madrid, señalo que en el ámbito de la procuración de justicia, esta armonización representa un oportuno instrumento para fortalecer el marco normativo penal, ya que permitirá el cumplimiento en los términos y plazos contemplados en los planes Nacional de Desarrollo 2013-2018 y Estatal de Desarrollo 2011-2016, que contemplan la modernización en la procuración e impartición de justicia.
Al participar en la lectura del documento la legisladora local Edith Avilés Cano, afirmó que será obligación del Estado garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurará las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores.
Destacó que con esta reforma el imputado, la víctima o el ofendido gozarán de los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal del Estado y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Añadió que La ley preverá mecanismos alternativos de solución de controversias y en la materia penal regulará su aplicación, asegurará la reparación del daño y establecerá los casos en los que se requerirá supervisión judicial.
A favor del dictamen se pronunciaron en tribuna los legisladores Humberto Alejandro Lugo Guerrero, de PRI, Imelda Cuéllar Cano, del PRD, y de nueva Alianza, J. Dolores López Guzmán, quienes coincidieron en señalar que ya era necesario actualizar el marco judicial mexicano y ponerlo acorde a los parámetros internacionales de impartición de justicia y respeto a los derechos humanos. Este modelo deberá trabajar por el bien de una justicia pronta y objetiva para las y los mexicanos.
Al respecto el legislador Alejandro Lugo Guerrero, destacó que las nuevas disposiciones federales obligan a los Congresos adecuar sus normativas para transitar a un modelo de impartición de justicia objetiva, pronta y con respeto a los derechos humanos.