En sesión pública celebrada ayer, los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo resolvieron regresar el juicio de inconformidad de los diputados locales, María Coradalia Muñoz, Sandra Hernández Barrera y J. Dolores López Guzmán, a la Comisión Nacional de Nueva Alianza, al asegurar que no encontraron el domicilio de la oficina de Legalidad y Transparencia de ese instituto político para presentar su queja.
El magistrado ponente Ricardo González Baños, quien tuvo a su cargo la revisión del expediente TEH-JDC-002/2014 respecto al Juicio para Protección de los Derechos Político – Electorales del Ciudadano de los tres legisladores, dio a conocer que la inconformidad de los diputados fue por no haber encontrado la instancia para presentar su queja por el nombramiento de un delegado provisional y las atribuciones que ha tomado.
Al respecto señaló, “lo que estamos haciendo con esta resolución es proteger los derechos humanos y los derechos político-electorales, porque la verdad es que después de haber hecho nosotros las diligencias no logramos obtener el domicilio de la Comisión de Legalidad y Transparencia, ante quien sería donde se debe de interponer el recurso de revisión y entonces es coincidente con los de los promoventes del recurso”.
Ricardo González, aseguró que por lo anterior se decidió remitir de nueva cuenta a la Comisión Nacional de Nueva Alianza el recurso con la finalidad de demostrar que la petición de los promoventes fue presentada en tiempo y forma, además de que una vez realizada la notificación tendrán 48 horas para dar una respuesta respecto al domicilio de la Comisión de Legalidad.
Al respecto manifestó “Lo que va a pasar ahora es que vamos a esperar a que la Comisión Nacional, estudie el asunto y lo resuelva, una vez conocida la resolución sí están inconformes los legisladores pueden acudir con nosotros y entonces ya entraríamos en el fondo del asunto”.
Finalmente los integrantes del pleno del TEEH, aseguraron que con lo anterior se pretende dejar de manifiesto que tanto ciudadanos como militantes y simpatizantes de todo partido político tienen derechos político-electorales que también son derechos humanos para que les sean respetados.
“Es grave que no se tenga como en este caso un domicilio donde los militantes puedan presentar sus inconformidades respecto al quehacer de un partido”, afirmó el magistrado ponente Ricardo González Baños.