
En la exposición de motivos el legislador aseguró que en sus tres ámbitos el gobierno tiene que reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad, control y la protección de su patrimonio cultural, artístico, espiritual, natural, y a la protección legal de su propiedad intelectual y de la biodiversidad de los espacios que habitan, para lo cual se deben desarrollar acciones coordinadas y participativas para garantizar los derechos sociales, económicos y culturales de estas etnias.
Añadió que en la iniciativa, se busca proteger a los pueblos y comunidades indígenas contra reacomodos y desplazamientos, determinando los derechos y obligaciones que se deriven de los casos de excepción que pudieran darse, así como las sanciones que procedan con motivo de su contravención.
“Proponemos integrar a las comunidades indígenas asentadas en la entidad provenientes de otros estados; además, de que el Estado deberá reconocer y proteger como patrimonio vivo a las ancianas y ancianos indígenas, que transmitan sus idiomas, voces, cantos, leyendas, creencias, cuentos, ritos y otras expresiones y enseñanzas culturales e históricas, los cuales serán incluidos en el Sistema Educativo a través de la educación intercultural bilingüe”.
Trejo Carpio, afirmó por último que por todo lo anterior y con la certeza de que en el futuro la permanencia como pueblos, estará garantizada en condiciones de mayor equidad social, política y con mejores niveles de salud, educación, vivienda y protección a sus derechos humanos, decidió presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la constitución política del estado, en materia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Finalmente destacó que la constitución establece que “los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas, por lo que el Estado tiene el deber de salvaguardar, revitalizar, conservar, defender y promover la integridad y seguridad de los pueblos y comunidades indígenas.
