— 7 de las 32 entidades del país se han adherido al protocolo
— En México, se han evaluado 17 sentencias bajo el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género
— Juzgar con perspectiva de género no es opcional, es una obligación: ministra de la SCJN
Con el tema denominado “Prácticas promisorias desde el ámbito nacional: El Sector de la Justicia”, continuaron las actividades del segundo día del Foro Hemisférico Belém do Pará +20.
Guadalupe Romero Delgado, presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, asistió al panel, que tuvo como moderadora a la comisionada de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIN), Alejandra Negrete Marayta; y como ponentes a Xóchitl María Benedeck Rivera, directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU); Flora Ascelrad, de la Oficina de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Argentina y Olga Sánchez Cordero, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México.
La ministra mexicana, solicitó a la presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, fomentar la cooperación interinstitucional con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) al suscribir el Protocolo para juzgar con perspectiva de género.
Afirmó que desde la publicación del Protocolo para juzgar con perspectiva de género: haciendo realidad el derecho a la igualdad, en agosto del 2013, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta este momento, sólo siete entidades federativas (Veracruz, Distrito Federal, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Yucatán y Campeche) han implementado las medidas contempladas dentro de este protocolo, por lo que Hidalgo tendría que adoptarlo a través de su Tribunal Superior de Justicia.
Sánchez Cordero pidió que todas las esposas de los mandatarios estatales, apoyen la adopción del protocolo, e introducir la perspectiva de género en todos los órganos de impartición de justicia.
El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género tiene como propósito atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país, relativas al ejercicio del control de convencionalidad por quienes imparten justicia y, por tanto, a la aplicación del derecho de origen internacionalidad, así como el establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y formación en perspectiva de género y derechos de las mujeres.
Tiene como sustento el diagnóstico sobre Género y Derechos Humanos del Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 2012 y el Diagnóstico sobre género y cultura laboral, elaborado en 15 Tribunales Superiores de Justicia Estatales.
Esta iniciativa de impartición de justicia con perspectiva de género se ha presentado en foros como en la quincuagésima octava emisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer en la sede las Naciones Unidas de Nueva York.
El protocolo se ha presentado en 17 conferencias, tanto al interior como el exterior del país, llegando a un aproximado de 17 mil personas, además de contar ya con una traducción al idioma inglés y actualmente se traduce este documento al sistema de lecto-escritura Braille; así mismo ha sido descargada para su consulta del sitio web de la SCJN más de 15 mil veces.
Desde hace 21 meses que entró en vigencia el protocolo, se han recibido 17 sentencias en las que se evalúa la aplicación del protocolo conforme a diferentes indicadores como el órgano que emite la sentencia, la instancia procesal y tipo de procedimiento que se siguió, los derechos que son materia de análisis del caso, los ordenamientos jurídicos que son objetos del pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, la forma enunciativa o sustantiva en que se emplea el protocolo, así como el tipo de argumentos que se utilizan para llevar a cabo en el análisis de los hechos y plantear la solución del conflicto.
Concluyó que juzgar con perspectiva de género no es opcional, es una obligación, por eso la relevancia de aplicar el método que propone el protocolo y que constituye una guía para la o el juzgador en la identificación de estereotipos, en el análisis de los hechos y del derecho, considerando el impacto diferenciado que hay de acuerdo con la identidad sexo/genérica de la persona.
Xóchitl María Benedeck Rivera, directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU); abordó el tema “Aplicación de la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres y la seguridad ciudadana”, habló de la práctica de la igualdad entre mujeres y hombres, ya que estos últimos están inmersos en cuestión de superioridad por su género y las mujeres están en una situación de subordinación.
Así mismo, las leyes afirman en la Convención Belem Do Pará, establecer el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia y que la violencia contra las mujeres se da en diferentes ámbitos y no únicamente en el marco de las relaciones familiares y de pareja.
Afirmó que con esta norma, se crean las condiciones jurídicas para que el Estado salvadoreño avance en la necesaria transformación, especialización y profesionalización de las instrucciones para la detección, prevención, protección, sanción y reparación de los derechos a las mujeres que hayan enfrentado violencia, discriminación o de desigualdad.
La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, “da un salto de calidad” en el sentido de que incorpora siete tipos de violencia, las cuales son: violencia feminicida, violencia física, violencia sexual, violencia económica y patrimonial y, simbólica.
El principal desafío para que de manera conjunta sea posible avanzar en la discriminación y de la violencia contra las mujeres, es imperativo avanzar en el combate a la impunidad y a la violencia institucional, por lo que se han girado lineamientos a todos los gobiernos municipales para la elaboración de sus Planes de Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la elaboración de mapas municipales de prevención de violencia, para identificar en los municipios las zonas de mayor peligrosidad y las más seguras para las mujeres, aplicando una consulta en este sector, recalcó la ponente.
Afirmó que en cumplimiento de la ley y de los compromisos institucionales, es el cambio de enfoque en la atención que antes se tenía del Programa de Saneamiento de las Relaciones Familiares, y ahora se ha constituido en un Centro Especializado de Atención para Mujeres que sufren Violencia y se ha integrado a los servicios que se ofrecen en las distintas sedes de Ciudad Mujer.
Flora Ascelrad de la Oficina de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Argentina, abordó el tema de “Capacitación del sector de justicia”, expuso que desde el año 2004 en el que ingresaron dos mujeres al Poder Judicial de Argentina, se trabajó más en la capacitación de la perspectiva de género y la creación de la Oficina de la Mujer, de igual forma se realizaron dos tipos de análisis: de puertas adentro y de puertas afuera.
En torno al de puertas adentro, la panelista dijo que los jueces y juezas tengan deben de tener una perspectiva de género no tiene que ser una decisión personal, pues el Poder Judicial debe de preocuparse por la capacitación del personal en equidad de género.