Con la finalidad de que se cumpla con la premisa de que los integrantes de todos los sectores de la población cuenten con iguales oportunidades de desarrollo y de eliminar cualquier acción discriminatoria contra los indígenas, legisladores locales hacen un llamado a los 84 ayuntamientos que integran la entidad para contar con una oficina representativa para asuntos de las personas de extracción indígena.
La diputada del grupo parlamentario de Nueva Alianza en la LXII legislatura local Sandra Hernández Barrera, aseguró que pese a la labor realizada hasta el momento a favor de la población de extracción indígena en la entidad, es imperante que desde sus lugares de origen a través de oficinas representativas tengan el apoyo y la atención necesarias, para escuchar sus demandas y resolver sus problemas apremiantes.
Añadió que en el estado, de los 84 municipios, 54 tiene población indígena dispersa, siete con presencia indígena y 23 son municipios indígenas, entre los que destacan; Acaxochitlán, Atlapexco, Calnali, Cardonal, Chilcuautla, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla, Ixmiquilpan, Jaltocán, Nicolás Flores, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, San Salvador, Santiago de Anaya, entre otros.
Dijo también que de acuerdo a los tabuladores del Consejo Estatal de Población, en 2010 se contabilizaron a 369 mil 549 personas hablaban una lengua indígena, quienes representan el 14.81 por ciento de la población hidalguense, quienes aún sufren actos de discriminación y falta de oportunidades por su origen.
Informó que entre los municipios que más concentran población hablante de lengua indígena se encuentran Huejutla con 69 mil 578, Ixmiquilpan con 31 mil 249, San Felipe Orizatlán con 22 mil 874, Yahualica con 18 mil 422 y Huautla con 16 mil 526, por lo que es necesario que todos cuenten con una oficina, dependencia u organismo especializado, encargado de atender los asuntos indígenas.
Hernández Barrera, aseguró que la finalidad es que los ayuntamientos de los 23 municipios eminentemente indígenas, en el ámbito de sus competencias, incluyan en la estructura de su administración pública una oficina para atender los asuntos de este sector de la población.