El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ramiro Mendoza Cano, propuso a las y los integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de Hidalgo, exhortar a los 84 ayuntamientos a que acaten los lineamientos estipulados en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, a fin de evitar conflictos laborales.
El representante popular expresó que los conflictos que llegan a existir entre las y los trabajadores de los ayuntamientos y las autoridades municipales, se convierten en juicios laborales que se heredan administración tras administración dejando lesiones a las arcas de las respectivas demarcaciones.
Puntualizó Mendoza Cano que “las y los presidentes municipales son los patrones de las y los trabajadores del ayuntamiento y por lo tanto deben generar un Catálogo de Puestos. La ausencia de éste cuando se presentan controversias ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos son obligados a pagar sumas millonarias que suelen ser heredadas entre período y período constitucional”.
Argumentó que al acumularse nuevos laudos arbitrales ante las nuevas terminaciones de las relaciones laborales, se torna en un ciclo imparable de laudos condenatorios entre administraciones salientes y los que generan la siguiente. En pasada sesión ordinaria, la propuesta se turnó a la Comisión Permanente del Trabajo para su estudio y dictamen correspondiente.
Exigen a 23 ayuntamientos oficinas de asuntos indígenas
La legisladora por el Partido Nueva Alianza, Sandra Hernández Barrera, solicitó a las y los integrantes del Congreso del estado exhortar a los ayuntamientos de 23 municipios indígenas a, en el ámbito de sus competencias, incluir en la estructura de su administración pública una oficina, dependencia u organismo especializado, encargado de atender los asuntos indígenas.
Lo anterior con la finalidad de que esta oficina tenga por objeto promover la igualdad de oportunidades de las comunidades indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria en contra de ellos, elaborando las políticas necesarias para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos que este sector de la sociedad hidalguense merece.
La representante novoaliancista expresó que de acuerdo a la normatividad vigente en el estado, de los 84 municipios, 54 tiene población indígena dispersa, siete con presencia indígena y 23 son municipios indígenas, los cuales son Acaxochitlán, Atlapexco, Calnali, Cardonal, Chilcuautla, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla, Ixmiquilpan, Jaltocán, Nicolás Flores, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, San Salvador, Santiago de Anaya, Tasquillo, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Tlanchinol, Xochiatipan y Yahualica.
Además, agregó que de acuerdo a los tabuladores del Consejo Estatal de Población, en 2010 se contabilizaron a 369 mil 549 personas hablaban una lengua indígena, quienes representan el 14.81 por ciento de la población hidalguense. Los municipios que más concentraban población hablante de lengua indígena fueron Huejutla con 69 mil 578, Ixmiquilpan con 31 mil 249, San Felipe Orizatlán con 22 mil 874, Yahualica con 18 mil 422 y Huautla con 16 mil 526. El asunto se turnó a la Comisión Permanente para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para su estudio.