A fin de de proteger los derechos de los buscadores de empleo, los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, aprobaron realizar reformas constitucionales a la ley del trabajo en el estado para que la secretaría del Trabajo y Previsión Social concrete acciones que eviten situaciones de fraude a quienes buscan un trabajo.
Los legisladores locales que integran la Comisión del Trabajo, entre ellos Ramiro Mendoza Cano, de la fracción parlamentaria del PRI, señaló que en noviembre del año pasado presentó la propuesta por medio de un acuerdo económico que fue aprobado y presentado en tribuna para después ser remitido a la Comisión correspondiente para su estudio.
El diputado señaló que en la propuesta se plantea que los integrantes de la LXII Legislatura local hagan un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal (STPS) a fin de que ejerza las acciones necesarias para garantizar que las empresas o personas que ofrezcan servicios de colocación de trabajadores, cumplan con la normativa legal a fin de evitar abusos o fraudes que afecten al patrimonio de interesadas o interesados.
Destacó que el año pasado, en diferentes regiones de la entidad varios hidalguenses fueron defraudados por una supuesta agencia de contratación denominada “Distribuidora León”, en la cual depositaron documentos oficiales y dinero, que en busca de trabajo se dejaron llevar por promesas de oportunidades laborales, lo cual no se dio y tampoco lograron recuperar documentación y dinero.
Dijo que para evitar situaciones como la antes expuesta, se solicita a la STPS dé un puntual seguimiento a la normativa legal correspondiente con la que deben operar estas entidades morales y que la Inspección Federal del Trabajo vigile el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de colocación de trabadores”.
Mendoza Cano, señaló que de acuerdo con estudios nacionales, se estima que 25 por ciento de los fraudes cometidos vía internet, son cometidos por empresas establecidas y fantasmas que solicitan a sus víctimas una suma de dinero a cambio de empleo en alguna institución privada.
“El objetivo de estas acciones es que también se vele por los derechos de los trabajadores que cuentan con un empelo, pero vigilar más de cerca a quienes buscan colocarse”.
Para finalizar los legisladores locales, manifestaron que también se debe castigar de manera ejemplar y con el peso de la ley a quienes se aprovechan de la necesidad de empleo de los demás.
