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    Ingresa edil de Tepehuacán su comparecencia por escrito al congreso del estado

    04/02/2014 Política
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    A menos de dos horas de terminar el plazo para que el presidente municipal de Tepehuacán de Guerrero Hilario Mendoza Benito, presentara su comparecencia ante el Congreso local como parte de los recursos que le otorga la ley para su defensa por la golpiza que propinó a esposa Virginia Ortiz, a través de un representante legal el edil ingresó un escrito a la oficialía de partes del poder legislativo.

    A decir de los integrantes de la Comisión Instructora encabezada por el legislador del PRI Humberto Alejandro Lugo Guerrero, el edil de acuerdo a la ley contaba con un plazo de siete días hábiles para que acudiera a comparecer o bien enviara un escrito, por lo cual que de última hora ingresó un documento a Oficialía de Partes a las 14:30 horas, y será entregado a la Comisión Instructora para su análisis.

    Cabe mencionar que los diputados recibieron el pasado ocho de enero la petición de juicio de procedencia por parte del procurador de Justicia Alejandro Straffon, para buscar el desafuero del alcalde para que pueda responder legalmente por la denuncia de violencia familiar y lesiones dolosas en contra de su esposa María Virginia Ortíz.

    El edil fue denunciado en diciembre de haber golpeado a su esposa y también presidenta del DIF municipal de Tepehuacán, a quien fracturó la mandíbula y le ocasionó la pérdida de una pieza dental, además de recibir varios golpes más en diferentes partes del cuerpo.

    De acuerdo con la diputada e integrante de la Comisión Instructora Imelda Cuellar Cano, continúa el juicio y viene un período probatorio en el que ambas partes podrán presentar las pruebas que consideren a su favor, esta etapa tiene un plazo de 30 días hábiles.

    La diputada local del PRD, consideró que están todos los argumentos para que pueda ser dictaminado el desafuero y el edil atienda judicialmente su conducta por los delitos de violencia que se le imputan y por los cuales puede alcanzar una penalidad de 10 años de prisión. 

    Por su parte Virginia Ortiz, mantenía según reporte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, su postura de intentar archivar el expediente para evitar el desafuero del alcalde Hilario Mendoza.

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