Funcionarios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Justicia y de Seguimiento sobre las agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Congreso del estado.
Derivado de las acciones conjuntas entre ambas instituciones, como el diplomado “Las Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en México”, la USAID realizó aportaciones a través de la PGJEH a la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas del estado de Hidalgo ante legisladores locales.
Con la presencia de Juan Manuel Camacho Bertrán, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Justicia y de Seguimiento sobre las agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Congreso del estado e integrantes de esta comisión; de Gabriela Saavedra García, subdirectora de Atención a Víctimas en el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de la USAID; de Sadot Sánchez Carreño, Consultor externo del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de USAID y de funcionarios de la PGJEH, el procurador Alejandro Straffon expuso los análisis aportados.
Cabe destacar, explicó, que Hidalgo fue uno de los 22 estados que antes de que fuera creada la Ley General de Atención a Víctimas, se adelantó y desde mayo de 2010 cuenta ya con un ordenamiento de protección a víctimas para el territorio hidalguense.
Esta ley, junto con la del sistema acusatorio penal, la de Derechos Humanos y la de Amparo, consolidarán el trabajo del país para garantizar los derechos de las víctimas y colocar el marco jurídico nacional en armonía con los estándares internacionales.
El 9 de enero de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, que obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno a velar por la protección de las víctimas, a proporcionarles ayuda, así como asistencia y reparación integral, comprendiendo esta última aspectos de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición (revictimización).
Su principal objeto es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, entendiendo como víctima a toda persona que directamente haya sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos.
Esta reciente disposición normativa establece un Sistema Nacional de Atención a Víctimas que tiene como misión establecer, regular y supervisar las directrices, planes, programas, proyectos, acciones y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas.
Dicho Sistema Nacional de Atención a Víctimas estará constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales y municipales, organismos autónomos y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas.
Hidalgo, no es la excepción, señaló la dependencia, pues “las estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del gobernador Francisco Olvera Ruiz, tienen como premisa fundamental, para convivir en paz social y armonía, precisamente una serie de acciones encaminadas a la protección integral de las víctimas del delito”.
Finalmente, la PGJEH señaló que el objetivo de estas medidas jurídicas, analizadas en conjunto con los expertos de USAID, es que Hidalgo pueda consolidarse como una entidad en la que prevalezca la paz social y la cultura de legalidad, elementos indispensables para un desarrollo armónico sólido para las generaciones presentes y futuras.