
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJH), a través de la Subprocuraduría de Asuntos Electorales (Subae) inició la capacitación sobre blindaje electoral, delitos electorales y propaganda gubernamental dirigida a servidores públicos, dirigentes de los partidos políticos y a funcionarios electorales en cada uno de los 18 distritos electorales de la entidad.
Personal de la Subprocuraduría manifestó a presidentes municipales y representantes de los ayuntamientos de Actopan, El Arenal, Francisco I. Madero, Mixquiahuala, Progreso, San Salvador y Santiago de Anaya, además de sociedad civil y partidos políticos de la región que el propósito de la capacitación “es brindar asesoría en materia de delitos electorales cometidos por particulares, propaganda y blindaje electoral a funcionarios, dirigentes partidistas, servidores públicos y funcionarios electorales que participan en el proceso para elegir a los próximos representantes del Congreso del estado”.
Se destacó la importancia de conocer las disposiciones legales en materia electoral, porque derivado de sus actividades, al hacer uso de recursos públicos o en la aplicación de programas de gobierno, pueden incurrir en delitos electorales, mismos que deben evitar acatando las disposiciones legales.
Durante el taller, el agente del Ministerio Público, Manuel Alejandro Calva Hinojosa compartió con los asistentes las disposiciones del Código Penal para que sea de su conocimiento, les informó que hay una delgada línea entre lo que se puede hacer y no como particulares, ciudadanos y servidores públicos.
Los conminó a ser multiplicadores de la información proporcionada y que la externen a sus compañeros de trabajo, en casa y con su familia. El agente expuso que la línea es muy delgada entre lo que pueden hacer y no como particulares, ciudadanos y servidores públicos, Manuel Alejandro Calva Hinojosa les recordó que tienen derechos políticos electorales que les confiere la constitución.
No obstante, explicó, que también al desarrollar un papel como funcionarios, existen restricciones y penalidades que en caso de no cumplirlas, serán aplicadas. Precisó que hay 132 conductas posiblemente configurables como delitos electorales.
Ante este panorama, afirmó que Hidalgo es uno de los estados líderes en tipificaciones de delitos electorales al incluir diferentes actividades.