Vecinos de al menos cuatro localidades de Santiago de Anaya, denunciaron afectaciones por la colocación de postes por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dotar de energía eléctrica a la antes denominada Cementera Santa Anita, por lo cual aseguran que han sido presentadas ya dos denuncias penales.
Al respecto Augusto Hernández Abogado, representante del despacho jurídico que representa al Movimiento Santiago, informó que a la fecha se han hecho válidos algunos recursos legales para evitar que continúe la instalación de la Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita.
Al mismo tiempo acuso que la autoridad municipal ha sido omisa en dar trámite a una petición de nulidad administrativa radicada con el número de expediente 332-2013 en el juzgado IV de distrito.
El representante legal del Movimiento añadió que ya se han interpuesto dos amparos ante la autoridad federal con el argumento de que existe violación al derecho de consulta de los pueblos indígenas; al referir que al menos el 95 por ciento de la población es considerada de alta marginación, lo que coloca a Santiago de Anaya como municipio indígena, aclarando que “no es arbitrario ni caprichoso”.
De igual manera Hernández Abogado, aseguró que se tienen dos precedentes donde ha habido omisiones en la consulta de los pueblos indígenas, lo que representa la base angular del desarrollo y por ese motivo se retiró el permiso de construcción, dando la razón a los afectados; sin embargo, no precisó dónde ocurrió tal situación.
Por último dijo que el Movimiento Santiago también interpuso dos quejas por violaciones a los derechos humanos, la primera ante la instancia federal y la otra ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), además de dos denuncias penales en contra de quien resulte responsable por los delitos de despojo y daño en propiedad ajena, y lo que resulte.